Morelos, México. — El titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado por su presunta participación en una red de cobro ilegal de dinero a víctimas de delitos, en complicidad con su hijo, Leonel Díaz Grajales.

La denuncia fue presentada por la comisionada ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, quien acusó a ambos de utilizar información confidencial y traficar influencias para obtener beneficios económicos de recursos destinados a víctimas.

De acuerdo con el señalamiento, Díaz Rogel habría intervenido desde la Fiscalía Anticorrupción, mientras que su hijo operaba desde la Comisión de Atención a Víctimas.

En 2024, al inicio del gobierno estatal encabezado por Margarita González, Díaz Grajales fue contratado en la Comisión, donde tuvo acceso directo a expedientes, bases de datos y procesos relacionados con la reparación integral.

Tras dejar el cargo, presuntamente utilizó esa información para representar legalmente a víctimas previamente registradas, orientando sus casos hacia la obtención de recursos federales.

Según la denuncia, el esquema incluía la firma de contratos privados en los que se pactaban honorarios de hasta el 25% del monto obtenido por concepto de reparación integral.

Además, se señala que la Fiscalía Anticorrupción solicitó información sobre expedientes vinculados a personas representadas por Díaz Grajales, lo que habría generado presión institucional sobre la Comisión encargada de administrar los recursos.

Para la comisionada, estas conductas podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, así como posibles actos de intimidación y extorsión institucional.

Los recursos involucrados provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Fondo de Reparación Integral, por lo que, debido a su carácter federal, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República.

La denuncia advierte además posibles irregularidades en el acceso a los recursos, como alteraciones en el orden de atención y trato desigual entre víctimas.Finalmente, la comisionada solicitó la apertura de una carpeta de investigación, la realización de diligencias para esclarecer los hechos, la determinación de responsabilidades penales y la implementación de medidas de protección ante posibles riesgos derivados de la denuncia.