Ciudad de México .- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de la mitad de las líneas de telefonía celular activas en el país ya fueron registradas por sus usuarios como parte del nuevo esquema de identificación impulsado por el Gobierno federal.

La mandataria adelantó que el próximo jueves se dará a conocer un balance detallado sobre el avance del proceso, aunque evitó pronunciarse sobre una posible prórroga para quienes aún no han realizado el trámite.

“Hay más de la mitad que están registradas, entonces vamos a esperar esta semana para poder informar”, señaló.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, actualmente existen más de 144 millones de líneas celulares activas en México.

Sheinbaum defendió el registro obligatorio y rechazó las críticas de quienes consideran que la medida podría derivar en actos de vigilancia o espionaje gubernamental. Aseguró que el objetivo principal es fortalecer las tareas de seguridad y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos cometidos mediante dispositivos móviles.

“Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos tengan asociado a una persona. Eso ayuda mucho en el combate a la extorsión telefónica y otros delitos que se cometen a través de estos medios”, afirmó.

La presidenta también aclaró que la información de los usuarios permanecerá bajo resguardo de las compañías telefónicas y no del Gobierno federal, el cual únicamente podrá solicitar datos en el marco de investigaciones formales.

Ante el vencimiento del plazo para registrar las líneas, la mandataria indicó que por ahora no se ha tomado una decisión sobre una eventual ampliación del periodo, aunque reiteró el llamado a la ciudadanía para completar el trámite.

La obligación de registrar las líneas móviles deriva de la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada este año, que establece la vinculación de cada número telefónico con una persona física o moral mediante CURP e identificación oficial.

La medida ha generado debate entre especialistas y organizaciones civiles, que advierten posibles riesgos para la privacidad y protección de datos personales. Sin embargo, el Gobierno federal sostiene que el registro contribuirá al combate de delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual.