Estados Unidos .- Un total de 25 estados de Estados Unidos interpusieron este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la más reciente ronda de aranceles aplicada a las importaciones provenientes de 60 países y economías.

La querella fue presentada por los fiscales generales de entidades como Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, quienes sostienen que los gravámenes son ilegales y afectarán directamente a consumidores y empresas al incrementar los costos de diversos productos.

Los demandantes argumentan que las medidas no cumplen con los requisitos establecidos en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, mecanismo utilizado por el Gobierno para justificar la imposición de los nuevos aranceles.

En marzo, un mes después de que la Corte Suprema invalidara la mayor parte de los aranceles globales impulsados por la administración, el Gobierno inició investigaciones comerciales sobre 59 países y la Unión Europea bajo la Sección 301, con el argumento de analizar posibles prácticas de trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales.

Con base en dichas investigaciones, en julio se anunció la aplicación de aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento a las importaciones provenientes de 60 países y economías, entre ellos los 27 integrantes de la Unión Europea, así como Canadá, Japón, Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En la demanda, los estados sostienen que no existe una relación lógica entre las investigaciones por presunto trabajo forzoso y la imposición de aranceles generalizados a decenas de países.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que, tras el fallo de la Corte Suprema, la administración federal intenta nuevamente imponer aranceles de manera ilegal, lo que, aseguró, representa un incremento de costos para familias y empresas estadounidenses. James recordó además que el máximo tribunal determinó previamente que el presidente no cuenta con facultades para imponer de manera unilateral aranceles amplios a los países que elija, por lo que pidió que los nuevos gravámenes sean anulados