Esta mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas puntualizó que el 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen principalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, corrupción o colusión con grupos delictivos.

“Tenemos más del 90 por ciento de impunidad de los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores y un dato que es muy delicado, el 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales”.

En este contexto, el subsecretario adelantó que se hará una revisión a fondo de la ley, para garantizar un sistema nacional de protección a periodistas, asimismo la revisión y fortalecimiento de la ley general de víctimas para eliminar cualquier discrecionalidad en el uso de recursos para atender a las víctimas.

Asimismo, explicó que desde el inicio de la actual administración se reconoció la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos en México: “lamentablemente se profundizó ante las ausencias, omisiones del Estado, para enfrentar esta situación” el subsecretario agregó que muchas veces, se dejó en manos de los familiares de las víctimas, la búsqueda de justicia, pues el Estado renunció a su responsabilidad y obligación, de garantizar el derecho a las personas a ser buscadas.

En cuanto a los recursos destinados para la atención de los derechos humanos en el país, en tres años han sido $6 mil 103,513 millones de pesos, los cuales se distribuyen en diferentes áreas como los subsidios para el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y las capacidades forenses en las entidades de la república, lo cual ha favorecido el acompañamiento a los familiares.

Por otra parte, Encinas informó que a la fecha, se han presentado mil 798 solicitudes de amnistía, de las cuales, 44 personas se encuentran en libertad.

Dicha ley, se decretó a favor de quienes hayan sido objeto de un proceso inadecuado en el que ya existe una sentencia firme.