El objetivo de estas reformas es fortalecer las herramientas y los apoyos necesarios para garantizar una calidad de vida y un mejor funcionamiento familiar para quienes se perciben como vulnerables.

Al exponer los motivos demuestran la necesidad de proteger a las personas con trastornos mentales y mejorar el sector de la salud.

Así, se cumple el requisito de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Interamericana sean parte del sistema de asistencia social.

El fallo reconoce los desafíos que enfrentan estas personas a medida que envejecen.

“Desde hace más de una década, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaba sobre la carga mundial de trastornos mentales y la necesidad de que el sector de la salud y el social respondan de modo integral y coordinado a estas personas”.

Entre los impactos socioeconómicos muestra:

La falta de vivienda y el encarcelamiento son condiciones comunes para las personas con trastornos mentales, lo que exacerba su alienación y ansiedad.

Las víctimas a menudo pierden oportunidades educativas y de ingresos, lo que limita las oportunidades de desarrollo económico y les impide usar las redes sociales o ganar reconocimiento social en la sociedad. Por ejemplo, de todas las discapacidades, la enfermedad mental grave tiene las tasas de desempleo más altas, hasta el 90%.

Las violaciones de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales son comunes.

Sus derechos al trabajo y la educación pueden verse restringidos y pueden verse expuestos a condiciones de vida insalubres e inhumanas. Abuso físico, abuso sexual, negligencia y trato dañino o degradante en entornos de atención médica.

Encuentran limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos y civiles y en las oportunidades de participación en los asuntos públicos.

Los problemas de salud mental a menudo empujan a las personas y las familias a la pobreza e impiden el progreso nacional.