La abogada del futbolista Dani Alves, Inés Guardiola, ha pedido a un tribunal de Barcelona que desestime el caso de agresión sexual, concluyendo que sus derechos han sido vulnerados porque fue investigado «a sus espaldas».

En relación con las cuestiones previas al inicio del juicio, la defensa de Alves ha pedido al futbolista que suba al estrado, como estaba previsto el próximo miércoles por la tarde, para declarar centrándose en sus acusaciones, detallando varios derechos fundamentales que cree han sido vulnerados por la prueba. caso, incluyendo la presunción de inocencia y el juicio bajo todas las garantías.

El futbolista ha estado detenido durante un año por agresión sexual y los fiscales han pedido una pena de cárcel de nueve años por violar a una chica de 23 años en el baño de la discoteca Sutton.

La abogada informó al juzgado de la detención de Alves, que fue detenido en el despacho de su abogada en Barcelona el 20 de enero de 2023, aunque insistió en que los Mossos d’Esquadra lo estaban investigando desde la noche de los hechos, cuando la víctima presentó la denuncia contra él.

“Fue una investigación a sus espaldas”, se quejó el abogado, subrayando que impidió a Alves ejercer su derecho a la defensa y pasar pruebas para acreditar su detención la noche del incidente.

Los abogados también argumentaron que el juez que investigó el caso violó el derecho de Alves a la defensa porque no tenía conocimiento del caso antes de su arresto y que le entregaron informes y documentos policiales mientras estaba en su celda después de su arresto.

“Nunca tuvo oportunidad de defenderse de manera efectiva durante la instrucción”, enfatizó la abogada. Negó además que no se haya permitido el examen médico de otra víctima como fue solicitado.

Los abogados argumentan que la presunción de inocencia de Alves en el caso fue violada porque fue sometido a «juicios paralelos» con «cobertura mediática» y «declaraciones sesgadas» y un flujo de información «constante» al describirlo como un «delincuente sexual».

En este juicio paralelo se hicieron suposiciones sobre su capacidad financiera, lo que, según el abogado, no fue tan fácil como afirmaban los medios, sino que, por el contrario, Alves sufrió una «opresión financiera»: estaba agobiado por una deuda de medio millones de euros.

Guardiola también afirmó que el juez de instrucción estaba «contaminado» por los medios de comunicación y hubo una «evidente» vulneración del derecho de defensa, por lo que cree que Alves no recibió «justicia» ni «todas las garantías».

También pidió al tribunal que anule la decisión de grabar el testimonio de la víctima durante el juicio -el único procedimiento a puerta cerrada- con la voz distorsionada y una imagen pixelada, porque sabía que pondría en riesgo la «diligencia debida». Ante un posible recurso, el denunciante debe ser oído «con claridad».