México reprobó este martes la entrada en vigor de la ley SB4 en el estado estadounidense de Texas, la cual pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización y fomenta la separación de familias.

La Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores de México subrayó en un comunicado que la normativa estatal también potencia la discriminación y el perfilamiento racial, elementos que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante, tal y como han señalado el Gobierno mexicano y organizaciones internacionales desde la aprobación de la medida en noviembre por la Cámara de Representantes de Texas.

«Como se ha expresado desde que dicha medida fue discutida en el seno legislativo de Texas el año pasado, México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano», afirmó la Cancillería mexicana.

Para el Gobierno de México, disposiciones legales como la SB4 afectan los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, «generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial».

«México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio», agregó el comunicado de la Cancillería, que enfatizó que «México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas».

La Corte Suprema de EE. UU. autorizó este martes la entrada en vigor de la controvertida ley antiinmigrante de Texas, un día después de que un magistrado de esa instancia judicial extendiera de manera indefinida la suspensión de la normativa y México manifestara su reconocimiento por ello.

La ley SB4 otorga a las fuerzas del orden la facultad de detener a migrantes irregulares y a los jueces la de ordenar su expulsión a México.

Su entrada en vigor estaba prevista para el 5 de marzo, pero fue suspendida en febrero y nuevamente el lunes, hasta que este martes el pleno de la Corte Suprema la autorizó por mayoría, lo cual ha generado rechazo de varios Gobiernos latinoamericanos y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, defensoras de los derechos de los migrantes y personas en situación de movilidad.