Un Tribunal de Ecuador condenó a nueve años y cuatro meses de prisión a ex altas autoridades del Poder Judicial y del sistema penitenciario por el delito de delincuencia organizada en una trama de corrupción y narcotráfico, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

«Por unanimidad, el Tribunal dicta sentencia para 20 de los 21 procesados por Fiscalía por su participación en el delito de delincuencia organizada», indicó la FGE en la red social X.

El fallo fue emitido por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia al término de 29 jornadas de juicio del denominado caso «Metástasis», que involucra a jueces, fiscales y policías.

El Tribunal condenó a nueve años y cuatro meses de cárcel en calidad de colaboradores a Wilman Terán, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el máximo órgano de control administrativo de la justicia ecuatoriana, así como a Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Prisiones, y a 10 exservidores públicos.

Asimismo, el Tribunal condenó a 10 años de prisión al abogado, Xavier Novillo, como autor de la trama de corrupción, mientras que cuatro procesados fueron sentenciados a siete años de cárcel.

Otros tres implicados, entre ellos la excomisionada de Pacificación Carcelaria, Claudia Garzón, fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión; en tanto que se ratificó la inocencia de un fiscal.

«Los jueces ordenan el pago de una indemnización por parte de todos los condenados, cuyo monto será notificado por escrito y disponen a Fiscalía investigar a varias personas que fueron nombradas en la causa, para determinar o no responsabilidades», señaló la FGE.

Añadió que durante el juicio se presentaron 33 pruebas testimoniales y 73 documentales.

Según la Fiscalía, la investigación de este caso inició tras la muerte en prisión, el 3 de octubre de 2022, de Leandro Norero, alias «El Patrón», uno de los principales narcos de Ecuador.

Al analizar sus dispositivos celulares, se descubrió que, desde la cárcel, Norero dirigía una organización criminal que operaba con el objetivo de asegurarle beneficios y privilegios dentro de la prisión, buscar impunidad para él y su familia en un proceso por lavado de activos, además de recuperar bienes incautados al narco.