El pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de permitir que integrantes de empresas públicas, órganos autónomos y otras instituciones estratégicas puedan portar armas en el ejercicio de sus funciones de seguridad.

Con 100 votos a favor y sin discusión en el pleno, el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal. La reforma argumenta que “la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública” es una prioridad nacional, y por ello se amplía la posibilidad de portación de armas a personal de dependencias como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Banco de México y Casa de Moneda, entre otras.

De acuerdo con la modificación al artículo 24, fracción II de la ley, estos organismos podrán portar armas de fuego en los casos y condiciones que establezca la legislación vigente y su reglamento, siempre que se justifique su necesidad por la naturaleza de sus funciones y cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La reforma, impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, también amplía el catálogo de armas y calibres considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se incluyen los calibres 5.7 x 28 mm, .357 en sus distintas variantes y 5.56 mm, además de silenciadores, miras térmicas, holográficas, equipo de visión nocturna y designadores láser.

También se establece un control más estricto sobre la posesión de armas por parte de particulares. En caso de fallecimiento o ausencia del titular, deberá designarse a una persona responsable del arma registrada.

La reforma contempla, además, disposiciones específicas para regular el transporte de armas utilizadas en competencias olímpicas entre los domicilios de los tiradores y los campos de tiro, los cuales también serán sujetos a vigilancia.