El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, presentó los detalles de una nueva iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objetivo es establecer un marco integral para regular el acceso, uso y explotación de las distintas formas de transmisión de información en México.

Desde la conferencia matutina del Gobierno federal, Peña Merino explicó que la propuesta busca abarcar todos los elementos del ecosistema de telecomunicaciones: desde la infraestructura física como torres y cables, hasta los servicios como internet, telefonía móvil, fija, televisión abierta y por cable, así como la radio.

La iniciativa no sólo se enfoca en regular los servicios tradicionales, sino también en los medios y estructuras que los hacen posibles. “Se regula el acceso y uso de señales de comunicación, ya sea por aire, cable o satélite, y qué uso se hace de esa infraestructura”, explicó el funcionario.

Uno de los puntos clave es el tema de las concesiones de espectro, que determinan quién puede brindar servicios de telefonía celular, así como la gestión de infraestructura crítica como torres, antenas y satélites.

Peña Merino subrayó que el uso de estas redes podrá ser comercial, social o público, lo que busca ampliar la inclusión en la prestación de servicios. También destacó temas como la interconexión entre operadores, la calidad del servicio, la compartición de infraestructura, la gestión de posiciones orbitales y la protección de derechos de audiencias y usuarios.

El funcionario compartió datos preocupantes: 10.2 millones de personas en México viven en zonas sin cobertura móvil 4G, mientras que otras 4.4 millones sí tienen cobertura, pero no pueden pagar por el servicio. En conjunto, al menos 15 millones de mexicanos están excluidos digitalmente.

Peña Merino destacó que el internet es un derecho fundamental que permite ejercer otros derechos como la educación, la libre expresión y el acceso a la información. Por ello, la reforma apunta a cerrar la brecha digital.

Uno de los componentes centrales de la ley es la asignación de espectro para uso público, lo que permitirá ofrecer internet gratuito en espacios públicos y oficinas gubernamentales. También se propone permitir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrecer servicios comerciales en igualdad de condiciones que los operadores privados, incentivando la competencia y la cobertura social.

Además, se establecerá la obligación para las grandes empresas de telecomunicaciones de ampliar su cobertura social y carretera, a cambio de incentivos fiscales. También se facilitará el acceso de operadores comunitarios, sociales y públicos a las redes existentes, con tarifas justas y no discriminatorias.

En cuanto a los derechos de los usuarios, la propuesta incluye medidas como el acceso a teléfonos desbloqueados, recargas en cualquier punto de venta, la implementación de planes de contingencia por parte de las empresas, y la obligación de retirar cableado en desuso. También se contempla el bloqueo de señales en centros penitenciarios.

Por último, la ley restituye los derechos de las audiencias reconocidos en 2014, incluyendo la creación de códigos de ética y defensorías, fortaleciendo así la protección de los consumidores en medios electrónicos.