La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la victoria legal del gobierno de México en Estados Unidos, donde una jueza sentenció al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar más de 2,400 millones de dólares por actos de corrupción. Esta sentencia representa un importante logro judicial impulsado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y apoyado por la actual secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó cómo se llevó a cabo el juicio en Florida. Detalló que el gobierno mexicano ganó el caso con pruebas contundentes sobre operaciones irregulares y enriquecimiento ilícito a través de contratos gubernamentales durante los años en que García Luna fungió como servidor público, principalmente en el sexenio de Felipe Calderón.
Gómez informó que entre 2009 y 2018 se firmaron al menos 30 contratos sospechosos en dependencias como la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario, por un valor de 625 millones de dólares y más de 93 millones de pesos. Estos contratos fueron claves para sustentar la denuncia interpuesta en Florida, donde residía la pareja.
Tras no recibir una defensa satisfactoria por parte de García Luna ni de su esposa, las autoridades estadounidenses fallaron a favor del gobierno mexicano, transfiriendo propiedades a su nombre. Inicialmente, se exigió el pago de 250 millones de dólares a García Luna y luego una segunda demanda por 580 millones fue presentada contra Pereyra, lo que elevó la cifra total de la sentencia a 748.8 millones de dólares por separado.
Además, Gómez aclaró que la jueza dictó sentencias individuales, que también involucran a las empresas utilizadas en el esquema de corrupción. Entre las compañías señaladas se encuentran Nunvav Inc., NUNVAV Technologies Inc., Nice Systems Ltd., y Distribuidora GLAC, todas con vínculos directos con dependencias oficiales como CISEN y la Policía Federal.
Sheinbaum destacó que, pese a la contundencia del fallo en EE.UU., en México el caso ha enfrentado obstáculos judiciales como amparos y apelaciones. Criticó que algunos tribunales hayan buscado descongelar cuentas de los implicados, defendiendo recursos que la justicia estadounidense ya determinó como producto de la corrupción.
El proceso legal en Florida aún no concluye. Se espera una resolución final sobre las empresas involucradas y posibles arreglos con el gobierno mexicano. Según la UIF, estas acciones forman parte de una estrategia de largo plazo para recuperar fondos públicos desviados durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
