Un tribunal federal de comercio en Estados Unidos bloqueó la imposición de los llamados aranceles del “Día de la Liberación” impulsados por el expresidente Donald Trump. La decisión provino del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, que concluyó que Trump excedió su autoridad al intentar imponer aranceles generalizados a países con superávit comercial frente a EE.UU.
El panel de tres jueces determinó que la Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva para regular el comercio internacional. Señaló que dicha autoridad no puede ser reemplazada por los poderes de emergencia del presidente, incluso si el objetivo declarado es proteger la economía nacional.
Este fallo representa el primer revés judicial importante contra los aranceles de Trump. Fue emitido tras una demanda presentada por la organización Liberty Justice Center, que representó a cinco pequeñas empresas afectadas por la medida. Los demandantes cuestionaron la legalidad de usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), argumentando que esta no contempla la imposición de aranceles ni considera el déficit comercial como una “amenaza inusual y extraordinaria”.
Trump había defendido sus acciones asegurando que los déficits comerciales constituían una emergencia nacional, lo que a su juicio le daba autoridad para actuar sin aprobación del Congreso. Utilizando ese argumento, impuso aranceles del 10 % de manera general, y aún más altos a países como China y miembros de la Unión Europea, lo que provocó volatilidad en los mercados internacionales.
Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación, marcando un límite al uso presidencial de poderes de emergencia en materia comercial. El fallo pone en duda la manera en que se definen las emergencias económicas y refuerza el papel del Congreso en decisiones de este tipo.
La decisión cobra relevancia en un contexto en el que EE.UU. ha mantenido déficits comerciales durante casi cinco décadas consecutivas. El caso también ha sido respaldado por al menos una docena de estados, encabezados por Oregón, que presentaron demandas similares. “Esta sentencia reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse al capricho del presidente”, dijo el fiscal general Dan Rayfield.
Se espera que el gobierno republicano apele el fallo, defendiendo su postura con base en precedentes como el uso de aranceles por parte del presidente Richard Nixon en 1971. Según la administración Trump, la cuestión sobre si una emergencia cumple con los requisitos legales debe ser determinada por el Congreso, no por los tribunales.
Los aranceles del “Día de la Liberación” formaban parte central de la política económica de Trump. Aunque generaron fuertes reacciones en los mercados financieros y llevaron a muchos economistas a reducir sus previsiones de crecimiento, su impacto económico general en EE.UU. ha sido limitado hasta ahora.