La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este miércoles 5 de junio de 2025 la demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, en la que se les responsabilizaba por la violencia generada por cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

El fallo, emitido de forma unánime por los jueces del máximo tribunal, establece que las empresas armamentistas están protegidas por una ley federal que impide este tipo de litigios cuando los productos son utilizados de forma delictiva por terceros. Así lo escribió la jueza Elena Kagan en el dictamen citado por medios como USA Today y NBC News.

La Corte respaldó la protección legal otorgada a las empresas bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005, que limita la responsabilidad civil de los fabricantes cuando sus armas son utilizadas en crímenes.

El caso había sido revivido en 2023 por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, que consideró que las acusaciones de México podían encajar en una excepción de esa ley. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que no aplicaba en este caso.

La demanda fue presentada en 2021 por el gobierno mexicano contra compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, alegando que estas firmas conocían el desvío ilegal de sus productos a través de traficantes y aún así permitían su circulación. Se estimaban daños por unos 10 mil millones de dólares, además de exigencias para modificar sus prácticas comerciales.

México argumentó que cerca del 70% de las armas que ingresan ilegalmente al país provienen de Estados Unidos. Aunque en México sólo existe una tienda legal para adquirir armas, cada año se trafican entre 200,000 y 500,000 armas de fuego estadounidenses, muchas de ellas utilizadas en crímenes relacionados con el narcotráfico.

Los fabricantes negaron cualquier responsabilidad, señalando que no pueden ser culpados por el uso criminal que terceros hagan de sus productos. Argumentaron que no existe prueba directa de negligencia que vincule a las empresas con los delitos cometidos en México.

La decisión final de la Corte bloquea definitivamente los esfuerzos legales de México en tribunales estadounidenses, a pesar de precedentes como el caso de Sandy Hook, donde las familias de víctimas demandaron exitosamente a Remington, fabricante del rifle utilizado en la masacre escolar. En ese caso, Remington accedió a pagar 73 millones de dólares al considerar que hubo una violación a leyes estatales de publicidad engañosa.

De acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), casi la mitad de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de fabricantes estadounidenses.