Un juez en El Paso, Texas, desestimó las acusaciones en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, relacionadas con presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Las denuncias fueron originalmente presentadas por el Gobierno de Chihuahua, según recordó el exmandatario estatal Javier Corral.

La decisión judicial se basó en la falta de pruebas suficientes que sustentaran la compra de 50 propiedades por parte de Duarte en territorio estadounidense. Así lo establece un documento judicial con número de caso 2020DCV0628, fechado el 16 de junio y firmado por el juez Rubén Morales.

En el documento se establece que se concede la “moción tradicional y sin pruebas” para una sentencia sumaria a favor de Duarte, lo que implica el cierre del caso sin llegar a juicio. La resolución fue difundida en redes sociales por el periodista Alejandro Cacho.

Tras conocerse la decisión, Javier Corral aclaró que la denuncia no fue interpuesta por él a título personal, sino por el Gobierno del Estado de Chihuahua. Sin embargo, acusó a la administración actual, encabezada por María Eugenia Campos, de no haber respondido a los requerimientos del despacho de abogados Buzbee, encargado del litigio.

Corral aseguró que las propiedades implicadas sí existen y que las pruebas están documentadas. No obstante, señaló que al menos tres personas cercanas a Duarte—María Eugenia Campos Galván, César Jáuregui Moreno y Santiago de la Peña—no colaboraron con el equipo jurídico.

“El fracaso del caso es resultado de la complicidad con la gobernadora Maru Campos y de la red protectora que Duarte construyó”, denunció Corral en su cuenta de X.

La situación se da pocos días después de que autoridades mexicanas informaran sobre la demolición de cinco presas construidas ilegalmente en el rancho “El Saucito”, anteriormente propiedad de Duarte, con una recuperación estimada en 700 millones de pesos.