La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones, la iniciativa fue respaldada por el bloque oficialista (Morena, PT y PVEM), con apoyo de Movimiento Ciudadano, y sustituirá a la legislación vigente desde 2014.
Entre los aspectos más polémicos de la nueva ley, se contempla el uso obligatorio de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para todos los usuarios de servicios móviles, sean personas físicas o morales. Este requisito ha generado críticas por el posible impacto en la privacidad.
El dictamen también establece la creación de una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que se encargará de regular el sector. Esta agencia incluirá un órgano desconcentrado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituirá al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y estará conformada por cinco integrantes designados por la Presidencia.
A pesar de que la nueva legislación incluye medidas como la expansión del acceso a internet en zonas prioritarias y el apoyo a pequeños operadores del espectro radioeléctrico, su aprobación desató un fuerte debate en el pleno. Legisladores de oposición, en particular del PRI, acusaron al gobierno de querer instaurar “un Estado espía”.
Durante la discusión, diputados del PRI protestaron con un ataúd simbólico, alegando que la ley representa la «muerte de la libertad de expresión» y recordando referencias a la novela 1984 de George Orwell, aludiendo al surgimiento de un «Big Brother» mexicano.
En defensa de la reforma, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) afirmó que se busca frenar delitos como extorsiones y secuestros que se cometen mediante líneas móviles anónimas. “Con esta nueva ley dejamos atrás un modelo burocrático desfasado, que solo servía a los monopolios y permitía el anonimato frente al crimen”, señaló.
Por ahora, la ley anterior de 2014 seguirá vigente hasta que el nuevo decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
