CEAPP: denuncias contra periodistas ponen en riesgo la libertad de expresión

Algunos jueces y magistrados han emitido condenas contra comunicadores bajo el argumento de violencia de género

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz alertó sobre un incremento preocupante en las denuncias presentadas contra periodistas por presuntos casos de violencia política en razón de género. La situación, según la comisión, podría representar un riesgo grave para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el estado.

Luis Ramírez Baqueiro, presidente del organismo autónomo, advirtió que estas denuncias, aunque buscan garantizar justicia, están siendo utilizadas de forma desmedida, lo que pone en entredicho su legitimidad. Informó que al menos nueve periodistas veracruzanos han sido denunciados en un solo caso, lo que evidencia un uso excesivo de esta figura jurídica.

“El problema no radica en la Comisión, sino en los jueces y en la autoridad electoral. Los jueces deberían ser más estrictos y declarar improcedentes las denuncias que atentan contra el derecho de los periodistas a cuestionar”, afirmó Ramírez Baqueiro.

El funcionario explicó que una candidata, desde hace un par de años, inició una ofensiva legal contra periodistas que publicaron información sobre su presunto parentesco con un alcalde. A raíz de ello, algunos jueces y magistrados han emitido condenas contra comunicadores bajo el argumento de violencia de género.

Ramírez Baqueiro advirtió que algunos juzgadores están dando trámite a denuncias sin sustento legal, motivados por intereses personales o con el fin de mantener relaciones cercanas con los denunciantes. “Cualquier juzgador, con tal de granjearse algún apoyo o trato parental, acepta la denuncia”, lamentó.

Por ello, hizo un llamado urgente a los legisladores para regular esta figura jurídica y establecer límites claros que impidan su uso indebido. Además, pidió a la autoridad electoral fijar lineamientos más precisos y sensibles para evitar que el marco legal se utilice como mecanismo de censura o intimidación contra el periodismo.

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