Una redada migratoria en una granja de marihuana legal en California ha generado polémica, especialmente por tratarse de una empresa dirigida por Kyle Kazan, un expolicía y abierto simpatizante del expresidente Donald Trump. El operativo tuvo lugar el jueves en Glass House, una de las mayores productoras legales de cannabis del país.
La redada, encabezada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desató un enfrentamiento con manifestantes en la zona rural de Camarillo, California, donde se reportaron lanzamientos de latas de humo para dispersar a la multitud. Vehículos de la Patrulla Fronteriza y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) bloquearon accesos, mientras un helicóptero sobrevolaba el área.
Glass House Farms informó en redes sociales que cooperó plenamente con las autoridades y que cumplió con todas las órdenes de registro. La empresa, con permisos vigentes en el condado de Ventura, cultiva marihuana en aproximadamente 3 millones de pies cuadrados, y también produce tomates y pepinos en la misma propiedad.
Kyle Kazan, exoficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, es actualmente CEO de Glass House Brands. Según sus declaraciones, la empresa produce más de 60 mil libras de marihuana al año, con planes de superar el millón en el futuro. En entrevistas previas, ha señalado que limpió el negocio tras asociarse con personas vinculadas a figuras como Suge Knight, y desde entonces ha atraído a inversores legítimos y se ha posicionado como líder del sector.
Marc Cohodes, inversionista de la compañía, defendió públicamente a Kazan y criticó la redada: “El gobierno sabe que hay cárteles y crimen real, pero decide gastar recursos en atacar a una empresa totalmente legal que paga cientos de millones en impuestos al estado de California”.
Kazan, a pesar de su perfil conservador, ha abogado por una reforma en las políticas antidrogas, señalando que entre 2,700 y 3,000 personas siguen presas en cárceles federales por delitos no violentos relacionados con la marihuana. Critica duramente a ambos partidos políticos, en particular al expresidente Joe Biden, por mantener encarcelados a distribuidores de cannabis.
También sostiene que los consumidores de marihuana deberían recibir un trato similar al de los consumidores de alcohol, con acceso legal, pero bajo condiciones de uso responsable.
El caso ha provocado un debate sobre el uso de recursos federales para intervenir en empresas reguladas y legalmente establecidas, en medio de un creciente impulso por la legalización y despenalización del cannabis en varios estados del país.
