El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un nuevo arancel del 17.09% al tomate mexicano, medida que ha generado apoyo en Florida —responsable del 70% de la producción nacional—, pero ha encendido alertas en estados fronterizos como Texas y Arizona, donde se advierte de un impacto negativo en precios y empleos.
Productores y legisladores de Florida celebraron la salida del país del Acuerdo de Suspensión del Tomate (TSA), vigente desde 1996. La Florida Tomato Exchange (FTE) aplaudió la decisión, afirmando que las importaciones desde México han aumentado cerca de 400% en dos décadas y afectan a los agricultores estadounidenses.
“La medida protegerá a nuestros productores de las prácticas injustas del mercado mexicano”, expresó Robert Guenther, vicepresidente de la FTE. En 2024, Florida reportó una producción valuada en 331 millones de dólares, y sus legisladores —como el senador Rick Scott— habían presionado fuertemente por el fin del TSA, acusando al acuerdo de reducir la cuota de mercado del tomate estadounidense del 80% en 1994 al 30% actual.
Sin embargo, asociaciones de otros estados y congresistas fronterizos criticaron duramente el arancel. La Texas International Produce Association (TIPA) alertó que están en riesgo 47 mil empleos relacionados con la importación de tomate mexicano, que en 2024 alcanzó casi un millón de toneladas cruzando por Texas.
Dante Galeazzi, presidente de TIPA, advirtió que el precio del tomate podría aumentar hasta un 50%. “Si el 70% del tomate fresco en EE.UU. proviene de México y se bloquea su acceso, los precios subirán drásticamente”, explicó en una rueda de prensa en McAllen. El senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) se sumó a las críticas, señalando que “el impuesto al tomate de Trump es un golpe directo al bolsillo de las familias trabajadoras”.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como “injusta” y aseguró que el tomate mexicano seguirá exportándose, pues “no tiene sustituto”. La Secretaría de Economía argumentó que durante tres meses se presentaron propuestas positivas a EE.UU., pero no fueron aceptadas por motivos políticos.
Expertos señalan que el arancel reaviva una disputa comercial histórica. Antonio Ortiz-Mena, académico de Georgetown, explicó que esta medida refleja el giro proteccionista del actual gobierno estadounidense y el fortalecimiento del lobby tomatero de Florida, pese a que produce tres veces menos que México.
“El arancel también golpea a empresas estadounidenses con inversiones en el campo mexicano”, agregó. Además, advirtió que el impacto podría extenderse a temas migratorios, seguridad y relaciones bilaterales.
Sheinbaum ha apostado por mantener la cooperación con EE.UU. en temas como migración y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Donald Trump anunció que impondrá otro arancel del 30% a productos mexicanos a partir del 1 de agosto. En una carta a Sheinbaum, reconoció avances en seguridad, pero insistió en que “no es suficiente”.
En el plano económico, el impacto se reflejó de inmediato: el Departamento de Trabajo de EE.UU. reportó un alza del 0.3% en la inflación de junio, en parte atribuida al encarecimiento de bienes importados por nuevos aranceles.
Ortiz-Mena también advirtió sobre consecuencias sociales. El tomate emplea a más de 500 mil personas en México, muchas de ellas en Sinaloa, una zona afectada por la violencia del crimen organizado. Un arancel que reduzca la producción podría fomentar tanto la migración como la incorporación de trabajadores al narco.
“La guerra del tomate ya no es solo comercial, ahora es política, económica y social”, concluyó Ortiz-Mena.
