La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA), renunció voluntariamente a su cargo tras concluir un periodo al frente de las indagatorias por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La aclaración se dio luego de que se difundiera que la salida de Gómez Piedra había sido una decisión del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el pasado 15 de abril de 2025. Sheinbaum aseguró: “Él renunció. Él decidió renunciar y, por lo pronto, está el licenciado Mauricio Pasarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses”.
Mauricio Pasarán, quien anteriormente trabajó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo la gestión de Ernestina Godoy, asumió la responsabilidad del caso y ha tenido al menos dos reuniones con los familiares de los estudiantes desaparecidos, según la presidenta.
Durante una nueva edición de la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum también reveló que, incluso antes de su toma de posesión, los familiares ya habían solicitado la destitución de Gómez Piedra. “Fue una decisión de él, ellos ya habían pedido que el fiscal no permaneciera”, reiteró.
La salida del fiscal ocurre en un contexto de graves acusaciones. El pasado 28 de abril de 2025, trabajadores de la propia UELICA denunciaron a Gómez Piedra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por corrupción, desvío de recursos y explotación laboral, lo que detonó una crisis interna.
Según la denuncia, presentada de forma anónima, el exfiscal desvió fondos, contrató personal sin experiencia, y extorsionó a empleados obligándolos a entregar parte de sus bonos y a comprar productos ofrecidos por allegados suyos. También lo acusan de usar las instalaciones para clases de baile y de exigir a nuevos trabajadores que entregaran su primer salario.
Estas acusaciones incrementaron la frustración e indignación entre los familiares de los normalistas, quienes han calificado reiteradamente el caso como un “crimen de Estado” ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
