Con el objetivo de frenar el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino presentó una serie de medidas orientadas a regular y estabilizar las rentas, entre ellas la creación de un Índice de Precios de Alquiler Razonable y la propuesta de una “ley de rentas justas”.

Estas acciones forman parte del Bando Uno, emitido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, bajo el nombre Por una ciudad habitable, asequible con identidad y arraigo local. En total, el plan contempla 14 medidas, enfocadas en combatir el alza desproporcionada de los alquileres y proteger a los habitantes de zonas de alta presión inmobiliaria.

El Índice de Precios de Alquiler se aplicará especialmente en zonas consideradas como de “tensión inmobiliaria”. Para su cálculo se tomarán en cuenta variables como el valor catastral, ubicación, características del inmueble y la proporción entre ingresos y gastos de arrendamiento en el área.

Este índice servirá como base para definir políticas públicas en materia de vivienda. “Buscamos criterios objetivos que apoyen el diseño de una política pública de arrendamientos que mantenga un balance adecuado”, explicó Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas.

Además, se convocarán foros y mesas de trabajo con sectores sociales, económicos, académicos y financieros, para definir metodologías, indicadores y los instrumentos jurídicos que acompañarán esta nueva política, incluyendo posibles incentivos fiscales.

Entre las acciones propuestas también se encuentra la presentación de una ley de rentas justas, razonables y asequibles, cuyo fin será regular los precios de alquiler en la capital. Esta normativa se someterá a una discusión abierta con toda la población.

Otra de las medidas clave es el fortalecimiento del cumplimiento del artículo 2448 del Código Civil, que establece que el incremento en las rentas habitacionales no puede superar la inflación anual reportada por el INEGI. Esta disposición fue reformada en 2023, bajo la gestión de Martí Batres.

La jefa de Gobierno señaló que las nuevas políticas buscarán prevenir el desplazamiento de comunidades, equilibrar los derechos entre arrendadores y arrendatarios, y regular plataformas de alojamiento temporal, como Airbnb. También se plantea la creación de un organismo público que vigile y sancione abusos en el mercado de la vivienda.

Entre los nuevos organismos se propone un Observatorio de Suelo y Vivienda, encargado de analizar datos sobre contratos de arrendamiento, y una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, para proteger a los arrendatarios.

En el ámbito de política social, el Bando Uno incluye medidas para impulsar la producción de vivienda pública en el centro de la ciudad y en zonas de alta presión inmobiliaria. También se ampliará el programa de mejoramiento de vivienda, se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la construcción de vivienda asequible en coordinación con el sector privado.

De Botton adelantó que se simplificarán trámites para facilitar la construcción de vivienda asequible tanto para desarrolladores públicos como privados, con el fin de incrementar la oferta habitacional en la capital.

Finalmente, se implementará un Plan Maestro para zonas de tensión inmobiliaria, que incluirá apoyos para el arraigo comunitario y medidas específicas para mitigar los efectos negativos de la gentrificación en diversas colonias de la ciudad.