El periodista campechano Jorge Luis González denunció que las nuevas medidas cautelares impuestas por una jueza de Control en Campeche constituyen un acto de censura previa y un atentado directo contra su libertad de expresión. La resolución le exige que cualquier contenido de su programa “Expedientes” sea revisado antes de su publicación y cuente con la autorización de un censor.

Las medidas fueron dictadas el pasado 15 de julio por la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May, quien ordenó que las notas del periodista deban pasar primero por revisión de la Comisión de Derechos Humanos, lo que puede tomar entre 24 y 48 horas. Para González, esto representa una forma de “renunciar a sus garantías individuales”.

“La noticia debe comunicarse de inmediato, si esperamos días para que sea aprobada, deja de ser noticia”, argumentó en entrevista con El Universal. Con más de 50 años de trayectoria periodística, González calificó el fallo como un intento de silenciar voces críticas, particularmente las que cuestionan a la gobernadora Layda Sansores San Román.

De acuerdo con el periodista, el origen de estas medidas está en una acusación de la mandataria estatal, quien lo señaló de “incitar al odio” a través de sus publicaciones. “Lo que buscan es evitar cualquier crítica durante los dos años que le quedan en el cargo. No quieren que se hablen de sus frivolidades, actos de corrupción y opacidad”, aseguró.

Las restricciones incluyen la prohibición de mencionar a la gobernadora y la obligación de someter cualquier contenido sobre ella al visto bueno de un interventor judicial. González afirmó que su plataforma digital Tribuna Campeche ya había sido suspendida anteriormente, y que incluso se le había prohibido ejercer el periodismo por dos años.

Sin embargo, el pasado 11 de julio, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito restituyó sus derechos, al considerar excesivas dichas sanciones. Aun así, la nueva orden judicial reincide en limitar su cobertura y el contenido editorial mediante mecanismos de control anticipado.

Organizaciones como Artículo 19 y la Alianza de Medios Mx rechazaron categóricamente las nuevas medidas, señalando que violan el artículo 7º de la Constitución y tratados internacionales que prohíben la censura previa. “Es un precedente grave que podría replicarse en otros estados”, advirtió Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.

Ambas organizaciones exigieron a los poderes judiciales, tanto locales como federales, que se respete el debido proceso y se evite el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar voces críticas al poder. “Estamos viendo una escalada de represión contra periodistas, especialmente en gobiernos de Morena”, acusaron en un comunicado conjunto.

González, exdirector por más de 30 años del diario Tribuna Campeche, expresó su preocupación por el estado actual de la libertad de prensa en su entidad. Recordó que desde que Layda Sansores asumió el poder, cinco periódicos impresos dejaron de circular, acorralados por presiones gubernamentales.

En contraste, la gobernadora ha negado sistemáticamente estas acusaciones. En su programa Martes del Jaguar, acusó a González de “victimizarse” y de “difundir mentiras”, asegurando que sus acciones buscan proteger a las mujeres de agresiones y humillaciones.

Pese a estas declaraciones, González considera que hay un resurgimiento del autoritarismo en México: “Así comienzan los regímenes dictatoriales. Persiguen y tratan de nulificar a quienes no piensan como ellos. Hay un apetito feroz por criminalizar al adversario”, concluyó.