La presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazaron tajantemente la propuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de subastar las esculturas de Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara, retiradas recientemente del Parque San Carlos, en la colonia Tabacalera. Ambas mandatarias coincidieron en que se trata de un acto ilegal, ya que las alcaldías no tienen atribuciones para vender ni remover monumentos públicos.

“La propuesta es ilegal. El patrimonio no se subasta”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina, desde Palacio Nacional. Advirtió que, además de haber actuado sin permiso, la alcaldesa debió entregar las esculturas a la autoridad correspondiente en caso de no querer conservarlas en su demarcación.

Clara Brugada respaldó la postura desde la sede del Gobierno capitalino y recordó que las esculturas son parte del patrimonio cultural de la ciudad. Citó el Artículo 20 de la Ley de Alcaldías, el cual prohíbe expresamente enajenar o concesionar espacios públicos o infraestructura cultural.

Brugada explicó que retirar esculturas o monumentos requiere la autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, un órgano que integra al Gobierno capitalino, el INAH y el INBAL. “No se pidió ningún permiso y eso es una falta a la norma”, subrayó.

La escultura conocida como “Encuentro”, que representa a Fidel Castro y el Che Guevara, fue retirada el miércoles 16 de julio por orden de la alcaldesa. La decisión provocó el domingo siguiente una manifestación en el Parque San Carlos, donde vecinos y simpatizantes de la Revolución Cubana exigieron su restitución.

En respuesta, Brugada afirmó que ya se trabaja en coordinación con el área cultural del Gobierno Federal para recuperar las esculturas y reubicarlas en un sitio simbólico de la ciudad. “Estas esculturas no pueden estar en una bodega. Deben recuperarse”, expresó.

También anunció que el Comité de Monumentos celebrará una sesión especial para definir la resolución sobre el retiro, con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio artístico y cultural de la capital.

La controversia comenzó cuando la alcaldesa Rojo de la Vega planteó la posibilidad de subastar las esculturas para obtener recursos destinados a la rehabilitación de espacios públicos como banquetas y parques. Sin embargo, tanto Sheinbaum como Brugada insistieron en que se trata de bienes públicos que no pertenecen a ninguna autoridad local.

“Una autoridad no puede retirar un monumento solo porque no quiere que esté ahí”, reiteró Sheinbaum, subrayando que las decisiones sobre el patrimonio cultural deben pasar por los canales institucionales.