El Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Campeche resolvió este miércoles declarar improcedente el recurso de revocación presentado por la defensa del medio informativo Tribuna, lo que permitirá continuar con una medida judicial que ha generado fuerte controversia: someter al responsable de sus redes sociales a censura previa por parte de una autoridad judicial.

La jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez ordenó que la empresa entregue, en un plazo de 48 horas, los datos del encargado digital, quien deberá quedar bajo supervisión judicial directa. La medida forma parte de una serie de acciones cautelares relacionadas con la verificación del contenido publicado sobre la gobernadora Layda Sansores San Román, justo antes de la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, programado para el 1 de agosto.

Jorge González Valdez, periodista y exdirector de Tribuna, denunció que esta resolución busca frenar las críticas hacia la administración de Sansores, a la que distintos sectores acusan de falta de resultados y de ejercer prácticas autoritarias. “Esta medida inédita intenta controlar el contenido informativo en redes sociales y restringir el periodismo independiente en Campeche”, afirmó.

La tensión entre el medio y el gobierno estatal se intensificó desde el pasado 16 de julio, cuando la gobernadora utilizó su programa “Martes del Jaguar” para advertir públicamente a González Valdez que fuera “muy cuidadoso” con lo que publica. Posteriormente, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó medidas cautelares al periodista, obligándolo a abstenerse de hablar sobre la mandataria y someter sus publicaciones a revisión judicial.

El consejero jurídico del estado, Juan Pedro Alcudia Vásquez, defendió la decisión judicial argumentando que las publicaciones de Tribuna supuestamente incitan al odio, promueven la misoginia y constituyen violencia digital contra la gobernadora. Según Alcudia, la intención no es censurar la crítica, sino evitar un discurso que, a juicio del gobierno, ha cruzado la línea hacia la incitación.

Sin embargo, González Valdez respondió que esta interpretación es un ataque institucional contra la libertad de expresión, pues se responsabiliza al medio por los comentarios que los lectores escriben en redes sociales, no por el contenido en sí. “La jueza cree que si la gente lee lo que publicamos y reacciona con críticas o insultos, eso ya es un delito. No es la prensa quien incita, sino el descontento social”, afirmó.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa han expresado su preocupación, al considerar que esta medida sienta un precedente alarmante de censura previa y judicialización del periodismo en México, especialmente cuando se trata de cuestionar al poder político desde medios independientes.