Padres y madres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC exigieron la inmediata extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias de la estancia infantil, luego de que se diera a conocer su detención este fin de semana en Estados Unidos. La mujer busca asilo político en ese país, lo que ha generado indignación entre los familiares de los menores fallecidos y lesionados en la tragedia.

El colectivo “Manos Unidas por Nuestros Niños”, encabezado por Juanita Luna Hernández, dirigió una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En el documento relataron el largo camino que han recorrido por justicia desde el 5 de junio de 2009, cuando ocurrió el incendio en Hermosillo, Sonora.

El siniestro inició en una bodega que prestaba servicios a la Secretaría de Hacienda estatal, ubicada junto a la Guardería ABC. El fuego se propagó rápidamente, causando la muerte de 49 niños y dejando con graves quemaduras a 24 menores más. Otros 81 pequeños resultaron afectados principalmente por inhalación de humo tóxico.

Téllez Nieves es una de las cuatro personas socias de la estancia infantil. De ese grupo, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Gildardo Urquídez Serrano fueron exonerados, mientras que Antonio Salido Suárez tiene una sentencia firme. Los padres afirman que la detención de Téllez Nieves ocurrió gracias a la ficha roja emitida por Interpol, aunque ninguna autoridad mexicana les ha notificado formalmente.

Inicialmente, 32 personas fueron procesadas penalmente por el caso, incluyendo a funcionarios de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, tras resoluciones judiciales y perdones legales, la lista se redujo a 22. En 2016, el Juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, emitió una sentencia que condenó a 19 personas por homicidio culposo y absolvió a tres.

Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, como socios propietarios de la guardería, fueron inicialmente sentenciados a 28 años, 11 meses y cuatro días de prisión. No obstante, tras múltiples apelaciones y amparos, el expediente fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y posteriormente enviado a un Tribunal Colegiado de Apelación en Baja California.

Este tribunal emitió nuevas sentencias en 2024 y resolvió que el Juez Primero de Distrito debía ejecutarlas. Como resultado, la pena para ambos socios se redujo drásticamente a 5 años y 7 meses de prisión.