La Fiscalía General de la República (FGR) expresó su sorpresa y desacuerdo ante recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos relacionadas con los procesos judiciales de narcotraficantes mexicanos, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
Durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que las medidas adoptadas por autoridades estadounidenses —incluidas las condiciones de aislamiento de Caro Quintero y la flexibilización del contacto legal para El Chapo— no se alinean con la postura legal de México.
Gertz criticó que, mientras EE.UU. sostiene públicamente que no negocia con criminales, en los hechos se observan acuerdos con testigos protegidos y otras figuras del crimen organizado, lo que consideró contradictorio. “Las decisiones procesales que toman en Estados Unidos son sorprendentes para nosotros. (…) Hay una serie de negociaciones que no coinciden con nuestra ley”, declaró.
La presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre si México había sido informado de estos procedimientos. Respondió que se trata de decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades estadounidenses, aplicables no solo a capos sino a cualquier procesado.
En cuanto a los casos mencionados, Gertz aseguró que el Gobierno de México seguirá de cerca los procesos judiciales en EE.UU. y que se continuará colaborando para garantizar que los líderes del crimen organizado cumplan con las sanciones correspondientes en ambos países.
“Gracias a las decisiones de este gobierno, todas esas personas ya están pagando su deuda con Estados Unidos. Nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer en México. Cómo vayan desarrollando sus procesos allá, lo iremos observando”, concluyó el fiscal.
Este posicionamiento se da tras la reciente autorización por parte de autoridades estadounidenses para que Joaquín Guzmán Loera pueda mantener contacto con su abogado. Un documento oficial fechado el 11 de agosto establece que el exlíder del Cártel de Sinaloa podrá realizar llamadas y recibir visitas personales de su defensor legal en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.
