Una parte de la caravana migrante conocida como Éxodo de justicia comenzó a dispersarse tras aceptar la propuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) de documentar a los participantes con permisos temporales. Un grupo de 30 migrantes recibió documentos válidos por 30 días para llegar en autobús a la Ciudad de México y regularizar su situación.
Los beneficiarios son hombres y mujeres provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Honduras y El Salvador. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Urrutia Ríos, originario de Nicaragua, a quien se le renovó su visa vencida. Él y otros migrantes partieron rumbo a la capital desde la oficina migratoria de Tapachula.
Urrutia relató que decidieron aceptar el ofrecimiento del INM mientras descansaban en Escuintla, tras caminar cerca de 70 kilómetros desde Tapachula. Tras ser llevados a las oficinas de regulación migratoria, obtuvieron sus documentos tras una espera de un par de horas.
Mientras tanto, el resto de la caravana, conformada por decenas de hombres, mujeres con hijos y adultos mayores, continuó a pie su travesía hacia la comunidad de Galeana, escoltados por elementos de la Guardia Nacional de Caminos.
Pese a la lluvia y la oscuridad, caminaron durante 10 horas hasta recorrer 34 kilómetros. Cansados, deshidratados y con lesiones en los pies, arribaron al domo de una cancha de basquetbol donde fueron recibidos por personal del INM, Protección a la Infancia (OPI) y del Grupo Beta Sur.
Autoridades dialogaron especialmente con madres migrantes, a quienes exhortaron a aceptar la ayuda del gobierno para no poner en riesgo a sus hijos. Poco a poco, más personas se entregaron voluntariamente al INM, aunque la medida generó divisiones y desconfianza entre los migrantes.
Una familia ecuatoriana, cuyos integrantes son padres de la bebé mexicana Itzia Guadalupe, rechazó la ayuda pese a que las autoridades les ofrecieron condonarles una multa y tramitar sus documentos migratorios.
Para las 16:00 horas, el contingente acordó continuar su camino hacia Galeana, aunque hubo resistencia por el cansancio y el temor de que más personas abandonaran la marcha.
Por otro lado, Luis García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana, fue liberado este lunes tras ser detenido el pasado martes bajo acusaciones de tráfico de personas. Un juez determinó no vincularlo a proceso por falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
García Villagrán, reconocido por su labor de más de nueve años en defensa de los derechos de los migrantes, acusó anteriormente al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de corrupción, señalando que presuntamente cobraban hasta 25 mil pesos por trámites migratorios.
Tras abandonar el penal de Tapachula, el activista afirmó que no pertenece a ningún grupo criminal y que su labor ha sido reconocida por la Secretaría de Gobernación. También expresó que valorará si continúa con su activismo, pues teme una persecución por parte del Estado. “Esperemos que no haya más venganza del gobierno ni inventos de carpetas de investigación”, declaró.
