En al menos 10 estados del país, grupos del crimen organizado han establecido redes de extorsión y control de precios sobre una amplia gama de productos, desde tortillas, refrescos y cerveza, hasta materiales de construcción y útiles escolares. La estrategia incluye el cobro de “cuotas” a comerciantes, el suministro forzoso de mercancía robada y la creación de redes de distribución ilegales, lo que impacta directamente en los precios al consumidor.

De acuerdo con testimonios recogidos en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México, la delincuencia impone precios inflados y obliga a pequeños negocios a adquirir productos exclusivamente de proveedores vinculados con los cárteles. En muchos casos, negarse a colaborar representa un riesgo de muerte.

En Michoacán, por ejemplo, habitantes de Tierra Caliente afirman que cárteles como Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados del CJNG, monopolizan mercancías como carne, refrescos y abarrotes. Los comerciantes están obligados a comprar en bodegas controladas por los criminales. Quienes se niegan a hacerlo son amenazados o agredidos.

En Guerrero, bandas como Los Granados, Los Ardillos y Los Tlacos han extendido su influencia desde el comercio de alimentos hasta el control de bares, transporte público y servicios como internet. Lo mismo ocurre en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Taxco o Iguala, donde empresarios y artesanos operan bajo la constante amenaza del cobro de piso.

Tamaulipas y Veracruz también presentan escenarios de control económico. En estos estados, los grupos criminales determinan quién puede vender carne, huevo, cerveza o incluso boletos para conciertos. El cobro de piso incrementa los precios de la canasta básica, del transporte público y ha derivado en el cierre de numerosos negocios.

En la Comarca Lagunera (Durango y Coahuila), ganaderos y agricultores denuncian una ola creciente de extorsiones vinculadas a autoridades locales coludidas con el crimen. En Oaxaca y Veracruz, productores de mango y caña de azúcar también han sido obligados a vender por debajo del precio de mercado, con amenazas directas si se niegan a cooperar.

En Morelos, más de la mitad del comercio informal y establecido paga derecho de piso. En Cuernavaca, los concesionarios del transporte público han recibido amenazas de incendiar unidades y atacar a operadores si no pagan grandes sumas exigidas por los criminales.

En Tabasco, el crimen controla desde las carreteras hasta los comercios locales. En Guanajuato, aunque el fenómeno no se reconoce públicamente, industriales de la tortilla aseguran que el cobro de piso persiste y ha provocado el cierre de negocios, especialmente en ciudades como Celaya.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión se ha consolidado como una práctica extendida desde hace más de una década, tras la fragmentación de grandes cárteles. El director del organismo, Francisco Rivas, advierte que esta forma de violencia se dejó crecer y se alimenta del miedo: “Muchas veces la extorsión termina en secuestro, homicidio o desaparición, porque el terror es parte de su mecanismo de control”.