Un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Tamaulipas suspendió provisionalmente la ejecución de la sentencia de 92 años de prisión contra José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el perredista Arturo Hernández Cardona.
La resolución judicial se da en el contexto de un juicio de amparo promovido por Abarca, en el que se abordan temas de constitucionalidad. Por ello, no se descarta que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que podría resolver el fondo del asunto.
El tribunal argumentó que la condena por secuestro no puede ejecutarse mientras no se determine si fue constitucionalmente válida. En consecuencia, se concedió una suspensión que detiene temporalmente la sentencia, aunque Abarca permanecerá en prisión.
En el fallo, los magistrados determinaron también que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque fueron reconocidos como víctimas en la causa penal original, no tienen calidad de terceros interesados en este juicio de amparo, ya que la condena actual no afecta directamente la reparación del daño en su caso.
La condena impuesta a Abarca corresponde exclusivamente al delito de secuestro en perjuicio de Nicolás Mendoza Villa, Gregorio Dante y/o Dante Cervantes Delgado, Efraín Amantes Luna, Héctor Arroyo Delgado y/o Ramírez, Bogar Román Altamirano, Rubí Díaz Mena y Carolina Mena Marchan. Sólo las víctimas directas y sus familiares cercanos pueden ser considerados terceros interesados en el proceso.
Cabe recordar que en 2023, un juez federal sentenció a Abarca a 92 años y seis meses de prisión, además de una multa de más de 920 mil pesos, por su responsabilidad en el secuestro de los seis activistas. Hernández Cardona, líder del Movimiento Campesino Unidad Popular, fue hallado sin vida junto a dos personas en 2013, tras haber sido privado de la libertad presuntamente por órdenes del entonces alcalde.
Adicionalmente, Abarca fue condenado a pagar la reparación del daño, perder sus derechos y prerrogativas políticas durante el tiempo que dure su sentencia, y cumplir su pena en un penal de máxima seguridad, donde ya se encuentra preso por otros delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.
Sin embargo, fue absuelto específicamente del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, luego de que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar su vínculo con la organización criminal Guerreros Unidos, señalada como responsable de la desaparición de los 43 normalistas.
