El inmigrante mexicano Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, falleció tras varios días hospitalizado debido a las heridas sufridas durante el tiroteo ocurrido el pasado 24 de septiembre en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas. Con su muerte, se eleva a dos el número de víctimas fatales de este ataque armado que ha sacudido a la comunidad migrante.

El gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que brindará apoyo moral, económico y legal a la familia del fallecido. Además, se facilitó el viaje de la madre de García Hernández a Estados Unidos para acompañar el proceso legal. La mandataria aseguró que si la familia decide presentar una denuncia, recibirán acompañamiento integral.

García Hernández permaneció en estado crítico y conectado a soporte vital desde el día del ataque. Finalmente, fue desconectado tras no mostrar mejoría. Según reportes, estuvo encadenado a su cama hospitalaria bajo custodia de ICE. Deja a su esposa, Stephany Gauffeny, cuatro hijos y un bebé en camino.

El tiroteo fue perpetrado por Joshua Jahn, de 29 años, quien disparó desde un techo cercano contra las instalaciones del ICE. Jahn actuó motivado por un profundo odio al gobierno estadounidense y buscaba asesinar a agentes federales. Sin embargo, las únicas víctimas fueron inmigrantes detenidos; ningún funcionario resultó herido. Tras el ataque, el agresor se quitó la vida.

Además de García Hernández, en el tiroteo también murió el salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes. Un tercer inmigrante, cuya identidad no ha sido revelada, continúa hospitalizado. No se han brindado detalles sobre su estado actual.

Organizaciones civiles y la comunidad migrante han expresado su indignación por el ataque, denunciando la vulnerabilidad de las personas bajo custodia federal. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) calificó los hechos como una muestra alarmante del riesgo que enfrentan los inmigrantes detenidos en Estados Unidos.

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias estadounidenses, caracterizadas por detenciones masivas y medidas de control más estrictas. Estos hechos han generado temor e incertidumbre en comunidades migrantes que perciben una creciente amenaza a su seguridad y derechos fundamentales.