La Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas para la protección de funcionarios y mandatarios desde septiembre de 2024 a la fecha, informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario detalló que estas medidas forman parte de las acciones permanentes de seguridad para garantizar la integridad de autoridades en distintos niveles de gobierno.
Trevilla Trejo fue cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido recientemente, y negó que el protocolo de protección de la Guardia Nacional haya fallado. Aseguró que se trabaja en reforzar la conciencia entre los funcionarios sobre la importancia de seguir los procedimientos de seguridad establecidos.
“El protocolo no falló. Lo que se busca ahora es concientizar a los funcionarios resguardados para que se apeguen a la implementación de este tipo de medidas”, señaló el general.
Agregó que, en el caso de Manzo, el nivel de protección habría sido mayor si desde el inicio hubiera aceptado el resguardo de la Guardia Nacional. “El personal cuenta con cursos especializados en protección de funcionarios y una preparación distinta que incrementa la seguridad de las personas bajo su cuidado”, subrayó.
Ante la situación de violencia en la región, Trevilla Trejo anunció la puesta en marcha de un “Plan Contención” para fortalecer la coordinación entre mandos militares y reforzar la seguridad en Michoacán y sus alrededores.
El plan contempla una coordinación permanente con los mandos territoriales cercanos, operaciones conjuntas mediante el esquema de “Mandos Especiales”, y el despliegue de filtros carreteros y binomios canófilos para mejorar las tareas de inspección y prevención.
Asimismo, en los límites entre Michoacán y Jalisco se establecerán células de detección de explosivos, debido a la presencia confirmada de artefactos y carros antiminas en la zona.
Con estas medidas, la Sedena busca elevar los niveles de seguridad y prevenir nuevos ataques contra autoridades locales y federales en regiones consideradas de alto riesgo.
