A un año del colapso de la L12 del metro, familias afectadas firmaron acuerdo preparatorio

Con el acuerdo , el grupo desiste de la demanda contra la compañía propiedad de Carlos Slim en tribunal de Nueva York, asegura el representante legal de los afectados

Un grupo de víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro logró, a casi un año de la tragedia, que Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, accediera a un acuerdo reparatorio.

Cristopher Estupiñán, representante legal de 14 afectados, informó que por ello se desistió de la demanda legal contra esta firma en un tribunal de Nueva York.

Sin embargo, aclaró que la denuncia en Estados Unidos se formalizó en febrero de 2022 contra otras compañías que tienen responsabilidad por el desplome sucedido el 3 de mayo de 2021 de un tramo elevado de la Línea 12, que dejó saldo de 26 personas muertas y casi un centenar lesionadas.

Anunció que seguirá la batalla legal en México y Estados Unidos contra las empresas ICA y Alstom.

En conferencia de prensa, Estupiñán afirmó que el gobierno de Claudia Sheinbaum y la fiscalía capitalina, que encabeza Ernestina Godoy, protegen abiertamente a ICA, la principal responsable del diseño de la línea.

Dijo que la fiscalía local se ha negado en cuatro ocasiones a emitir documentos, exigiendo a ICA que se acerque a las víctimas para llegar a un acuerdo.

«Hay una protección abierta por el gobierno, estamos ante la presunción de impunidad…, ICA no ha dado la cara ni ha asumido su responsabilidad, pero sigue recibiendo contratos del gobierno, ahí están el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas«, puntualizó.

Este grupo de 14 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro decidió buscar justicia en Estados Unidos. Se trata de una demanda civil presentada ante la Corte Suprema de Nueva York contra el consorcio de firmas que edificaron esta línea: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Alstom y CAF.

Los asesores, de acuerdo con El País, interpusieron una demanda espejo ante la fiscalía capitalina contra las constructoras por delitos de lesiones y homicidio culposo, así como un recurso administrativo contra el gobierno de la Ciudad y varias de sus dependencias.

Esto, para reclamar indemnizaciones en el orden de decenas de millones de pesos. «Este asunto todavía no se termina», advirtió el abogado Cristopher Estupiñán, quien dijo que «vamos a continuar la batalla».

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