Saltillo, Coahuila.- Ante los constantes daños y actos de vandalismo registrados en infraestructura vinculada al suministro de agua potable y otros servicios básicos, el Congreso de Coahuila analiza una iniciativa que busca tipificar como delito autónomo el sabotaje a infraestructura hídrica y de servicios públicos esenciales.
La propuesta fue presentada por la diputada Olivia Martínez Leyva y elaborada en coordinación con el Poder Ejecutivo estatal. El proyecto plantea adicionar el artículo 474 Bis al Código Penal de Coahuila para perseguir de oficio y sancionar con penas agravadas a quienes dañen, destruyan, inutilicen, sustraigan, alteren o interfieran en infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos fundamentales para la población.
La iniciativa establece que estas conductas serán castigadas con un incremento de una tercera parte de la pena prevista en el artículo 474 del Código Penal del Estado, que actualmente contempla el delito de sabotaje con sanciones de cinco a quince años de prisión.
De aprobarse la reforma, las personas responsables podrían enfrentar penas que irían de seis años y ocho meses hasta 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la afectación ocasionada.
Asimismo, el proyecto contempla diversas agravantes que aumentarían la pena en una mitad adicional cuando los daños afecten a comunidades vulnerables, hospitales, escuelas o albergues; cuando generen riesgos sanitarios o ambientales; cuando provoquen interrupciones del servicio por más de 24 horas; cuando impacten dos o más servicios públicos esenciales; o cuando sean cometidos por personas con acceso autorizado a la infraestructura.
En estos supuestos, las sanciones podrían alcanzar un rango de entre 10 y 30 años de prisión.
Durante la exposición de motivos, la diputada Olivia Martínez Leyva señaló que actualmente este tipo de conductas suelen clasificarse únicamente como daño en propiedad ajena, delito cuyas sanciones resultan insuficientes frente a las consecuencias colectivas que generan al afectar el acceso al agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica o la recolección de residuos.
“La infraestructura hídrica constituye la columna vertebral del ejercicio efectivo del derecho humano al agua de miles de familias coahuilenses, por lo que es nuestra obligación protegerla”, expresó la legisladora.
La reforma contempla como infraestructura hídrica a pozos de extracción, bombas hidráulicas, tuberías, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, válvulas reguladoras, medidores, cárcamos de bombeo, acueductos y cualquier sistema físico o digital utilizado para operar, supervisar o monitorear estos servicios esenciales.
