Con 324 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional acceso a bases de datos personales y biométricos tanto del gobierno federal como de entidades privadas.

El dictamen fue aprobado en su totalidad a las 06:05 horas de este jueves, tras más de 17 horas de discusión y una maratónica sesión que incluyó siete horas dedicadas a la presentación de reservas, la mayoría de ellas desechadas.

La nueva legislación faculta a la SSPC a consultar registros vehiculares y de placas, bases de datos biométricos y telefónicos, catastros, registros fiscales, de armas de fuego —incluidas las decomisadas—, de comercio, de personas morales y de prestadores de servicios de seguridad privada, entre otros. El dictamen señala que este acceso se realizará con “control judicial previo”.

Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que esa condición no está claramente garantizada y denunciaron que la norma podría abrir la puerta a la vigilancia y el espionaje por parte del gobierno federal, al centralizar datos altamente sensibles en manos de la SSPC y la Guardia Nacional.

Durante la discusión en lo particular, solo fue aprobada una reserva, presentada por la diputada Petra Romero Gómez, de Morena, la cual introduce un cambio menor de redacción en los artículos 6 y 23, para mejorar el uso del lenguaje normativo.

La minuta ha sido enviada al Senado de la República, donde deberá ser discutida y eventualmente votada antes de que concluya el periodo extraordinario de sesiones, el próximo 2 de julio.