Estados Unidos ha convertido su política migratoria en una maquinaria impulsada por incentivos económicos, donde los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reciben bonos monetarios por la cantidad de detenciones realizadas. Según documentos filtrados y testimonios internos, estas capturas responden menos a criterios legales y más a metas de productividad, establecidas como indicadores clave de rendimiento (KPI), lo que expertos denominan un sistema de incentivos coercitivos.

El Congreso estadounidense, controlado por conservadores, aprobó el 3 de julio un enorme paquete fiscal que fue firmado al día siguiente por el entonces presidente Donald Trump. Este canalizó 170 mil millones de dólares exclusivamente a seguridad fronteriza y control migratorio, con 75 mil millones destinados solo a ICE, convirtiéndola en la agencia federal mejor financiada. La legislación pasó por reconciliación presupuestaria, evitando así el filibusterismo del Senado y dejando clara su carga ideológica.

El paquete incluyó 45 mil millones de dólares para duplicar la capacidad de detención, habilitando incluso bases militares y prisiones privadas para albergar a más de 100 mil personas. Otros 30 mil millones se dirigieron a operaciones de arresto y deportación, con fondos para contratar 10 mil nuevos agentes, modernizar flotas y retener personal mediante bonificaciones. CBP recibió 46 mil millones para construir muros y barreras, y otros 12 mil millones para vehículos, infraestructura y pagos adicionales.

Esta reconfiguración migratoria ha creado lo que algunos expertos definen como una “estructura de producción”, donde cada arresto equivale a una unidad de ingreso. Agentes pueden recibir bonos de hasta 7 mil 500 dólares por operativos nocturnos o sensibles, especialmente en zonas prioritarias como Arizona, California o el sur de Florida. Estos montos se suman a sueldos ya elevados: entre 8 mil y 19 mil 500 dólares mensuales, dependiendo de antigüedad y desempeño.

Además, se otorgan bonificaciones por colaboración interagencial (con DEA o FBI), y muchas de estas compensaciones no están sujetas a rendición pública. Una disposición legal transitoria permite que los pagos se realicen mediante “instrumentos discrecionales” supervisados por el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional, generando un esquema opaco, sin controles ni regulación ética.

Con metas diarias de hasta 3 mil detenciones, las presiones internas han derivado en arrestos sin causa probable: beneficiarios de DACA, personas con visa vigente, e incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos para cumplir con las cifras. Un agente de CBP, bajo anonimato, afirmó que en ocasiones “arrestan sin preguntar” y que lo importante es cumplir la cuota, ya que “el bono depende de eso”.

Las consecuencias legales ya han comenzado. Tres demandas colectivas presentadas entre mayo y julio denuncian violaciones constitucionales. Democracy Forward acusa detenciones en tribunales sin defensa legal; RAICES impugna el sistema de bonos sin consulta pública; Immigrant ARC argumenta que se ha instaurado una “lógica de volumen” sin garantías individuales. Juristas advierten que el modelo vulnera las Enmiendas Cuarta y Decimocuarta de la Constitución.

Los pagos, que en Texas alcanzan hasta 4 mil 500 dólares por superar las 15 detenciones semanales, y en Florida hasta 6 mil dólares si se ejecutan en lugares como hospitales o universidades, son registrados bajo códigos internos (“O-24” y “BPR-Q”) para evitar auditorías.

Emma Montoya, del Instituto de Derechos Humanos de Oxford, resume: “La frontera es ahora una fábrica. Cada migrante detenido es una unidad que justifica financiamiento. Es el modelo de economía punitiva perfeccionado”. Agentes con más detenciones acceden a distinciones, ascensos y entrenamientos especiales. Quienes dudan o cuestionan, son excluidos.

El costo psicológico también es alto. El mismo agente de CBP confiesa: “Al principio pensaba que estaba defendiendo la ley. Ahora sólo me preocupa no quedarme atrás”. La presión diaria, la competencia interna y la disonancia ética están generando un desgaste profundo entre los agentes, atrapados en un sistema donde pensar demasiado puede significar perder dinero.