La detención de Anuar González Hemadi, exjuez federal conocido por su polémico papel en el caso de “Los Porkys”, ha reavivado el debate sobre la corrupción en el Poder Judicial y su posible conexión con el crimen organizado en México. El exfuncionario enfrenta ahora cargos por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de combustibles —conocida como huachicol fiscal— en su calidad de apoderado legal de la empresa Mefra Fletes.

A pesar de haber sido destituido en 2019 por irregularidades y actos de corrupción, González Hemadi continuó desempeñando funciones legales. En noviembre de 2023, asumió la representación legal de Mefra Fletes, una compañía señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por facilitar el contrabando de hidrocarburos a través de rutas clave en Veracruz, Tamaulipas y Baja California.

Según la FGR, Mefra Fletes ha sido utilizada para transportar millones de litros de combustible robado, incluyendo un cargamento de 8 millones de litros asegurado el 26 de marzo de 2025 en Baja California. La firma y representación legal de González Hemadi habrían sido claves para otorgar una apariencia de legalidad a las operaciones de esta red criminal, vinculada a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

El operativo que derivó en su captura fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Se logró la detención de 14 personas en distintas entidades del país —entre ellas Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México— como parte de una investigación por el aseguramiento de grandes cantidades de combustible a bordo del buque Challenge Procyon.

Entre los detenidos hay exfuncionarios, marinos activos y retirados, empresarios y representantes de compañías ligadas al tráfico ilegal de hidrocarburos. También fueron arrestados familiares de altos mandos militares y socios de Mefra Fletes, lo que revela la complejidad de la red delictiva y su alcance institucional.

González Hemadi saltó a la opinión pública en 2015, cuando, como juez del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, otorgó un polémico amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los acusados de violación en el caso de “Los Porkys”. Su resolución, que argumentaba que no hubo intención sexual y hablaba de un “roce incidental”, fue revocada por un tribunal colegiado ante la indignación social.

Tras una investigación interna, el Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó en febrero de 2019 por negligencia y corrupción. En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con Arturo Zaldívar como presidente, ratificó dicha sanción.

La trayectoria de González Hemadi —de juez polémico a operador legal de una empresa vinculada al crimen organizado— se ha convertido en un símbolo de cómo la corrupción judicial puede facilitar el crecimiento de redes delictivas complejas en el país.