Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, enfrentará en libertad condicional un proceso penal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas. Un juez federal determinó que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva, y dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de tres meses para completar la investigación. La próxima audiencia se realizará el 24 de noviembre.

Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, el juez Enrique Hernández Miranda vinculó a proceso al pugilista, pero ordenó su liberación inmediata bajo estrictas medidas cautelares: no abandonar el país, asistir puntualmente a las audiencias (presencial o virtualmente) y evitar contacto con los agentes involucrados en la investigación.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue cuestionada en su conferencia matutina sobre la liberación de Chávez Jr. “Fue lo que decidió el juez… hasta ahí”, respondió inicialmente, y más adelante agregó que se trata de un asunto exclusivamente de la FGR. La presidenta ya había informado en julio que la investigación comenzó en 2019 y que la orden de aprehensión se giró en 2023.

Según el abogado del boxeador, Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, la FGR no presentó pruebas contundentes, sino «anécdotas, especulaciones y casi leyendas urbanas». Rechazó que existan elementos legales sólidos que sustenten la imputación de participación en una estructura criminal. Además, denunció que las llamadas telefónicas usadas por la Fiscalía no identifican a los interlocutores ni proporcionan contexto, tiempo o lugar de los hechos mencionados.

El abogado también aclaró que no se han desahogado pruebas y que la audiencia inicial no busca determinar culpabilidad, sino si existen indicios razonables para continuar investigando. Añadió que Chávez Jr. está dispuesto a colaborar con la justicia y a demostrar su inocencia.

Chávez Jr., de 39 años, fue arrestado por autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) el 2 de julio, tras su pelea contra Jake Paul en California. Fue deportado a México el 18 de agosto y recluido en el Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora, un penal de máxima seguridad.

Los cargos en su contra incluyen introducción ilegal de armas y posible vínculo con “El Nini”, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”. Sin embargo, la defensa sostiene que no existen pruebas que lo coloquen directamente en actividades delictivas.

Las condiciones de su libertad exigen que permanezca en territorio mexicano, se presente a todas las audiencias y no intente influir en la investigación. Su abogado afirmó que cumplirán todas las medidas impuestas y que su cliente se encuentra con “ánimo razonable”, confiado en que podrá probar su inocencia.