Durango — La Fiscalía General del Estado de Durango informó los resultados del examen histopatológico practicado a la adolescente Paloma Nicole, el cual determinó que la joven falleció a causa de una tromboembolia pulmonar grasa, una obstrucción de los vasos sanguíneos en los pulmones ocasionada por coágulos. Este hallazgo representa un avance significativo dentro de la investigación oficial.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza explicó que, aunque el resultado del estudio es relevante, la confirmación de una posible mala práctica médica dependerá del dictamen pericial especializado que aún está en proceso. Dicho análisis evaluará detalladamente la atención médica recibida por la adolescente y la actuación del personal involucrado.

Asimismo, confirmó que la familia de Paloma solicitó un estudio independiente para contrastar los resultados obtenidos, el cual continúa realizándose.

Investigación legal en curso

En el ámbito jurídico, la fiscal recordó que siguen vigentes los elementos que permiten la continuidad del proceso penal contra la madre y el padrastro de la joven. Añadió que han surgido posibles delitos adicionales vinculados al caso, los cuales serán analizados y podrían integrarse en etapas posteriores.

Impacto legislativo: nace la “Ley Nicole”

La muerte de Paloma generó un fuerte impacto en el Congreso de Durango, impulsando reformas para fortalecer la regulación en el sector salud. La fiscal de la Garza señaló que el delito de usurpación de profesión ya se encontraba en la legislación estatal, pero presentaba imprecisiones y carecía de agravantes relacionados con procedimientos médicos.

Como consecuencia, existía un vacío legal que permitía la realización de procedimientos mayores en consultorios sin supervisión adecuada ni sanciones proporcionales.

La reforma aprobada, conocida como “Ley Nicole”, corrige estas deficiencias y establece un marco más estricto para prevenir prácticas indebidas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Alanís, exhortó al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Salud a garantizar la aplicación rigurosa de la nueva normativa y reforzar los mecanismos de vigilancia.

La ley contempla penas de cinco a ocho años de prisión, además de multas superiores a 360 Unidades de Medida de Actualización, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Reacción del sector privado

El representante de Clínicas Particulares, Carlos Maa, señaló que el gremio adoptará de manera plena la nueva ley, a la que consideran necesaria para mejorar la seguridad en los servicios médicos. También expresó su solidaridad con la familia y lamentó profundamente el fallecimiento de la joven.