La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo histórico que restringe severamente el uso de medidas cautelares universales por parte de jueces federales para bloquear acciones del Poder Ejecutivo. La decisión, aprobada por una mayoría de 6 votos contra 3, modifica significativamente el modo en que se impugnarán judicialmente las políticas presidenciales en el futuro.

El caso surgió a raíz de una orden ejecutiva de Donald Trump, que buscaba negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense. Aunque tribunales en Maryland, Massachusetts y New Hampshire habían suspendido su aplicación a nivel nacional, la Corte Suprema determinó que esas medidas excedieron los límites legales de la autoridad judicial.

“La medida cautelar universal fue conspicuamente inexistente durante la mayor parte de la historia de nuestra Nación”, escribió la jueza Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria. A partir de ahora, las órdenes judiciales sólo beneficiarán a los demandantes específicos, sin efectos extendidos a toda la población afectada.

El fallo no resolvió la validez constitucional de la orden ejecutiva, sino que se centró exclusivamente en el alcance legal de las medidas cautelares. La Corte determinó también que la orden no podrá entrar en vigor durante los próximos 30 días, periodo durante el cual se podrán presentar nuevas acciones legales o administrativas.

El expresidente Donald Trump celebró el fallo como una “gran victoria” a través de su red Truth Social, afirmando que la política de ciudadanía por nacimiento había sido «duramente golpeada, aunque indirectamente». Felicitó al equipo legal del gobierno y destacó la figura de la Enmienda 14 como parte del debate.

Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra y manifestaron preocupaciones sobre las consecuencias del fallo. Jackson advirtió que limitar las medidas cautelares podría restringir el acceso a protección judicial para las personas afectadas por políticas generales. Sotomayor criticó la visión restrictiva del tribunal sobre los principios de equidad judicial.

El juez Brett Kavanaugh, quien votó con la mayoría, propuso alternativas legales como demandas colectivas o el uso de mecanismos del Administrative Procedure Act, que podrían servir para impugnar regulaciones federales de forma más amplia.

Una consecuencia directa de la decisión es que organizaciones o individuos deberán presentar demandas por separado en cada jurisdicción para obtener suspensiones específicas. Esto podría dar lugar a litigios paralelos y decisiones contradictorias en diferentes regiones del país.

La Corte dejó abierta la puerta a que los gobiernos estatales puedan presentar demandas con mayor alcance, lo que introduce nuevas estrategias para futuros litigios contra políticas del Ejecutivo federal.

Las medidas cautelares universales han sido herramientas clave en disputas legales recientes entre administraciones y opositores políticos. Si bien algunos sectores critican su uso como forma de “forum shopping”, otros argumentan que son esenciales para frenar políticas que afectan a nivel nacional.

Con este fallo, el uso de medidas cautelares nacionales queda restringido, lo que marcará un cambio relevante en cómo se estructuran las impugnaciones judiciales contra decisiones del gobierno federal, con implicaciones jurídicas e institucionales de largo alcance.