En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que había hallado motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Esto, luego de que la propia fiscalía arrancó, en febrero de 2018, con un un examen preliminar sobre la situación en Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que dejó Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta junio, a su sucesor Karim Khan.
Al finalizar su mandato a mediados de junio de 2021, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que la fiscalía había concluido el examen preliminar de Venezuela. Bensouda no hizo públicas estas conclusiones, debido a que se encontraba en trámite ante la corte un recurso presentado por autoridades venezolanas solicitando que se revisara el examen realizado por la fiscal.
Posteriormente en junio de 2021, la sala de Primera Instancia de la CPI desestimó el pedido de Venezuela.
De acuerdo con el informe, los crímenes referidos incluían “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual” y “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” por autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno.
En informes publicados por HRW en 2014 y 2017, los cuales fueron compartidos con la Fiscalía del CPI, se identificaron abusos generalizados durante arremetidas contra opositores en Venezuela. Agentes de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente y torturaron a detenidos. También emplearon fuerza de manera desproporcionada, cometieron abusos violentos contra personas en las calles, y detuvieron arbitrariamente y procesaron a opositores.