Familiares del político opositor venezolano, Fernando Alberto Albán, denunciaron penalmente en la ciudad de Miami, Florida, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a otros colaboradores, por el asesinato y tortura de Albán.

El mandatario venezolano es acusado de liderar una organización delictiva que tortura y asesina a sus adversarios políticos, según la demanda a la que tuvo acceso la agencia The Associated Press.

AP informa que la familia del político, asesinado el 8 de octubre de 2018, busca una indemnización monetaria, de la cual el monto no fue revelado.

Además de Maduro, también fueron denunciados el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el Fiscal General, Tarek Saab y Néstor Reverol, ministro de Relaciones Exteriores.

La demanda se sustenta en la ley RICO de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas utilizada para enjuiciar a miembros del crimen organizado. Algunos expertos sostienen, sin embargo, que la acción judicial de la familia de Albán es por ahora meramente simbólica.

“El principal desafío sería notificar formalmente a Maduro y ponerlo bajo la jurisdicción de una corte estadounidense”, manifestó a AP el abogado David Weinstein, un ex fiscal federal que ha tenido entre sus manos casos de personalidades latinoamericanas.

Las leyes estadounidenses permiten que las demandas contra extranjeros sigan su curso pero sólo si los acusados que están en otro país han sido notificados correctamente sobre la demanda que enfrentan. “Ese es el proceso formal y requiere más que solamente saber que la demanda ha sido presentada”, explicó Weinstein.