Matamoros, Tamaulipas. — Personas afectadas por un presunto fraude inmobiliario por 57 millones de pesos interpusieron una queja contra una jueza federal, a quien señalan por posibles actos de corrupción en el manejo del caso.

El abogado Gabriel Garza Fernández, representante de la parte afectada, informó que la denuncia fue presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal del Consejo de la Judicatura.

El recurso busca que se analice la actuación de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular de un juzgado de distrito en materias de amparo y juicios federales con sede en Matamoros.

De acuerdo con el litigante, la jueza habría otorgado un amparo que benefició a los señalados, pese a que existía una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control en Nuevo León.

Los acusados en el caso son el empresario Pedro Babb y su socio José Mireles, quienes enfrentan señalamientos por incumplimiento en un proyecto inmobiliario.

El representante legal indicó que la actuación judicial generó incertidumbre para su representada, al considerar que no se garantizó equidad en el proceso.

Asimismo, argumentó que cualquier amparo debió tramitarse conforme a la jurisdicción correspondiente.

Los denunciantes esperan que el Tribunal de Disciplina Judicial determine posibles sanciones, que podrían ir desde una amonestación hasta la suspensión de la funcionaria.

También buscan que el caso regrese a la jurisdicción de Nuevo León, donde originalmente se giró la orden de aprehensión.

El caso forma parte de un proceso legal que continúa en desarrollo, mientras las autoridades correspondientes analizan tanto la denuncia por fraude como la actuación judicial señalada.