El caso conocido como “Dato Protegido”, que involucra acusaciones de violencia política de género contra la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, ha generado nuevas repercusiones en Sonora, ahora por presuntos lujos exhibidos por la legisladora en redes sociales.

En plataformas digitales, principalmente en la red social X, varios usuarios comenzaron a difundir imágenes de la diputada en las que aparece luciendo artículos y joyería de marcas exclusivas como Cartier, Louis Vuitton, Gucci y Christian Louboutin. Las publicaciones generaron cuestionamientos sobre el origen de los recursos que le permiten mantener ese estilo de vida, ya que la legisladora únicamente ha ocupado cargos en el sector público.

Una de las publicaciones más virales fue realizada por el usuario @jorgegogdl, quien compartió fotografías de Diana Karina Barreras junto a su esposo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. En las imágenes, ambos portan piezas de lujo, como relojes, collares y accesorios presuntamente de la marca Cartier. Según la publicación, uno de los collares, identificado como “Love Diamantes”, tendría un valor cercano a los 115 mil pesos.

El mismo usuario también acusó que la diputada posee un anillo “Love 3 diamantes” de Cartier con un precio estimado de 102 mil pesos, el cual, según indicó, no figura en la declaración patrimonial de la funcionaria.

Además, se señalaron otros objetos de alto costo presuntamente en posesión de la legisladora, como unos lentes Gucci Cat Eye valuados en 8 mil pesos, una bolsa Hester Van Eeghen Transistor de casi 16 mil pesos, una bolsa Louis Vuitton de aproximadamente 35 mil pesos, zapatos Fendi de 12 mil pesos y un par de Christian Louboutin de alrededor de 16 mil pesos.

Los señalamientos han despertado una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaron que los ingresos de la diputada no justificarían la compra de dichos artículos, e incluso sugirieron un posible uso de fondos públicos. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que vinculen de forma directa a la legisladora con actos de corrupción o malversación de recursos.

La controversia continúa creciendo, especialmente en un contexto donde la percepción sobre el uso ético de los recursos públicos es cada vez más sensible ante la ciudadanía.