El Pleno del Congreso local, durante la sexta Sesión del Primer Periodo Ordinario, aprobó por mayoría, el dictamen propuesto por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, en el que se promovió un proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

Esta propuesta fue realizada con el objetivo de priorizar el uso de medios electrónicos y tecnologías digitales de información en la presentación de la cuenta pública, y los avances de gestión financiera, así como en actos administrativos y proceso de fiscalización que realiza la Auditoría Superior del Estado.

La diputada priista asegura que con el uso de estas tecnologías se pueden mejorar de manera significativa las actividades de fiscalización, optimizando el manejo de recursos, y a la vez, adaptándose a una nueva normalidad, que genere mayor prontitud y eficacia en el proceso de fiscalización.

Esta iniciativa que plantea reformar el primer y último párrafo del artículo 10 y el primer párrafo de la fracción XIX del artículo 93; así como adicionar el artículo 31 Bis a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, parte de la facultad de la Auditoría Superior, prevista en el artículo 14 de la citada ley, de expedir las disposiciones de carácter general para reglamentar la presentación y contenido de las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera, así como de expedir manuales, guías, instructivos, formatos, reglas y demás instrumentos que permita cumplir con las disposiciones legales aplicables de esta materia, por lo que en esa tesitura, se pretende fortalecer esa facultad de la Auditoría Superior y a través de esas reglas que emite se dé prioridad al uso de medios de electrónicos y tecnologías digitales de información e ir dejando de manera progresiva la utilización de papel y transitar hacia lo digital.

 «En esta nueva realidad es totalmente necesario que se implementen los procesos de fiscalización mediante medios electrónicos o tecnologías digitales, generando mayor prontitud y eficacia a este proceso, además de la protección al medio ambiente y utilizando menos recursos humanos sin la necesidad de exponerse ante el Covid-19, limitando a que solo se realice el contacto necesario para realizar las auditorías, privilegiando el derecho a la seguridad jurídica y legalidad», señaló la diputada Edna Dávalos, en el dictamen aprobado.