Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llevaron al hallazgo sin vida de dos presuntos implicados en el crimen. Los cuerpos fueron localizados en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de Capácuaro, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) y confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Según las autoridades, uno de los fallecidos tenía 16 años, lo que lo convierte en el segundo menor de edad ejecutado en relación con este caso. El hallazgo ocurrió el 10 de noviembre, nueve días después de que el primer agresor, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, fuera abatido la misma noche del ataque contra Manzo en la plaza principal de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos.

El gobernador Ramírez Bedolla señaló que la FGE verificó la participación de los dos jóvenes encontrados en Capácuaro y que ambos acompañaban al agresor material durante la emboscada contra el presidente municipal. Afirmó que la información fue validada con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El mandatario destacó la gravedad de la participación constante de adolescentes en actividades criminales dentro del estado, especialmente en zonas donde operan grupos dedicados a la extorsión y el control territorial.

Además del hallazgo, persiste la duda sobre las circunstancias en las que el agresor de 17 años fue abatido. La FGE mantiene abierta una investigación para determinar el uso de la fuerza por parte de los escoltas municipales que participaron en su detención. De acuerdo con las primeras versiones, hubo un forcejeo previo al disparo que terminó con su vida.

Ramírez Bedolla confirmó también que el alcalde contaba con ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a su seguridad al momento del ataque.

Tras los nuevos descubrimientos, integrantes del Gabinete de Seguridad federal se reunieron en Uruapan con el gobernador, la alcaldesa Grecia Quiroz —viuda de Manzo— y representantes del sector aguacatero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se acordó reforzar la presencia policial, atender denuncias de extorsión y revisar los esquemas de seguridad para funcionarios municipales.

La FGE continúa con peritajes, análisis balísticos y revisión de comunicaciones para determinar si hubo autores intelectuales y esclarecer los motivos detrás de la rápida eliminación de los presuntos implicados. El gobernador aseguró que todas las líneas de investigación permanecen abiertas, incluida la actuación de los escoltas, la movilización del agresor y el reclutamiento de menores por grupos criminales en la región.