La regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Guadalupe Urban Caballos, fue asesinada la mañana de este jueves cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán, confirmaron autoridades estatales. De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas atacaron a la funcionaria cuando se dirigía a un evento oficial.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación con perspectiva de género para esclarecer el crimen y detener a los responsables.

El Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec 2025-2027 condenó enérgicamente el asesinato de la regidora, a quien describió como “una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática”.

A través de un comunicado, las autoridades municipales exigieron una investigación inmediata y seria, así como la pronta detención de los autores materiales e intelectuales. “La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho. En San Juan Cacahuatepec rechazamos todo acto de violencia que lastime a nuestras familias y comunidades”, señalaron.

De acuerdo con habitantes de la zona, Guadalupe Urban salió de su domicilio por la mañana para asistir a las Jornadas por la Paz, un evento en el que participarían niños y funcionarios federales y estatales. Era regidora de Parques y Jardines por representación proporcional para la administración 2025-2027.

“Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto no debe quedar impune. ¡Justicia!”, expresó el cabildo de Cacahuatepec tras el homicidio.

Con el asesinato de Guadalupe Urban Caballos, suman 75 feminicidios en Oaxaca durante 2025, de acuerdo con cifras del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), que reportaba 74 casos hasta el 4 de noviembre.

San Juan Cacahuatepec, ubicado en la Costa de Oaxaca, tiene una población de cerca de 9 mil habitantes, de los cuales 51.9% son mujeres y 48.1% hombres, según datos del INEGI.

El crimen de la regidora se suma a una ola de violencia que ha afectado a mujeres y funcionarios locales en la entidad, donde organizaciones civiles exigen que se refuercen las medidas de seguridad y la aplicación de justicia con enfoque de género.