El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) evaluó hoy el cumplimiento de México con los capítulos sobre comercio digital, telecomunicaciones y competencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

De acuerdo con el centro de investigación, cumplir con los términos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) es crucial para asegurar la competitividad de la nación y «fundamental» para obtener ventajas económicas como el fenómeno de la reubicación del valor global.

”El buen funcionamiento del Tratado es fundamental para profundizar la integración de México con sus socios de América del Norte y sacar mayor provecho de oportunidades como la que representa el ‘nearshoring’… Solo así, México podrá atraer mayor inversión, modernizar procesos productivos, generar empleos de calidad y, en suma, potenciar el crecimiento económico del país”.

Los socios en la modernización del predecesor del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se introdujo en 1994, acordaron que el T-MEC estaría sujeto a un proceso de revisión en tres años.

En materia de comercio digital, la dependencia señaló que las regulaciones de México para la protección de datos personales aún se están ajustando y que deben adecuarse al Marco de Reglas de Privacidad Transfronterizas del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Indicó que las pendientes del T-MEC en el capítulo de telecomunicaciones se relacionan con las políticas de competencia, así como con mejoras y aumento de financiamiento para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador independiente de la industria.

El Imco también enfatizó que el funcionamiento de la autoridad nacional, la Comisión Federal de Competencia Económica, está conectado con los conflictos entre la regulación mexicana y el capítulo de políticas de competencia.

En un estudio anterior, el Imco señaló que México tiene asuntos no resueltos con el T-MEC en materia de agricultura, medidas sanitarias y medio ambiente.

El T-MEC, que reemplazó al TLCAN a partir del 1 de julio de 2020, vino con una nueva disposición que requiere que las tres partes se reúnan cada seis años para evaluar el desarrollo del acuerdo.