Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó al Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad hacia el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con mucho valor”.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Gómez explicó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los bancos otorgaban créditos millonarios sin garantías a personajes cercanos, en un esquema respaldado por el Fobaproa, que en ese momento era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. Más adelante, en la administración de Ernesto Zedillo, este fideicomiso se convirtió en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y en 1998 el Congreso aprobó convertir sus pasivos en deuda pública.

Gómez criticó que el rescate financiero fue manejado de manera discrecional y acusó que incluso empresas del expresidente Vicente Fox se beneficiaron del fondo. Ante esto, Claudia Sheinbaum respaldó las declaraciones de Gómez y desestimó los señalamientos de Zedillo sobre un supuesto autoritarismo del gobierno actual, calificándolos de falsos.

El titular de la UIF explicó que el Fobaproa comenzó a absorber la deuda de los bancos a cambio de bonos, lo que distorsionó su función original, que era proteger el ahorro bancario. Afirmó también que Zedillo mintió al asegurar que hubo una auditoría completa del fideicomiso. Gómez relató que se entregaron discos encriptados a los partidos en el Congreso, pero que el disco entregado al PAN no funcionaba, lo que obligó al PRD a buscar apoyo técnico.

Como parte de su intervención, Pablo Gómez entregó simbólicamente a la presidenta Sheinbaum la auditoría promovida por la izquierda en ese entonces. Dicha auditoría reveló créditos otorgados de manera ilícita, aunque estaba marcada con un aviso de confidencialidad para evitar daños a las instituciones y clientes involucrados.

El monto original del rescate bancario fue de 552 mil millones de pesos, cifra que se convirtió en deuda pública. Para el año 2000, la deuda ascendía a 700 mil millones, y en los últimos años superó el billón de pesos, creciendo más del 100% en un periodo de 25 años.