A días de que se implementó la NOM-051 sobre etiquetado claro en chatarra relacionada con obesidad, diabetes e hipertensión, y frente al efecto dominó de gobiernos estatales sobre prohibir la distribución de productos ultraprocesados a menores de edad, la industria transfronteriza prepara una coalición binacional contra estas políticas públicas. Acusa que impactan la confianza de inversión y empleo en plena crisis económica por la COVID-19, y “contravienen al espíritu” del T-MEC.

Sin embargo, Javier Zúñiga, coordinador legislativo de El Poder del Consumidor, dijo que el T-MEC no puede ni debe ser un instrumento utilizado por agentes empresariales para impedir cualquier tipo de política pública que busque proteger la salud de las personas. Aunque durante mucho tiempo otras industrias como la del tabaco también han intentado argumentar a partir de los tratados internacionales, “no existe una base jurídica, legal y vinculante para que los países no tomen políticas de salud pública solo porque se afecta el comercio internacional”.

En un comunicado, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC) aseguró que los “gobiernos estatales no pueden detener sectores empresariales prósperos mientras que paralizan un estímulo económico crucial para México, donde la comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por la COVID-19”. Sus miembros importan y exportan a nuestro país, por lo que pidió cooperación con la Secretaría de Salud y la de Economía para salvaguardar el libre flujo comercial entre sus socios de la industria de alimentos, bebidas, manufactura y automotriz en Estados Unidos, México y América Latina.

En entrevista, su presidente Ramiro Cavazos descartó que acudan a amparos o denuncias, pero planean llamar a hacer frente a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) –que ya han manifestado su rechazo al etiquetado claro– porque, expuso, a la tensión por el muro del Gobierno de Donald Trump y el cierre de la frontera para evitar contagios del coronavirus, ahora se suman estas políticas prohibicionistas que “golpean a los negocios” y al menos en California y Nueva York “no han funcionado”.

Al principio, expuso, organizaron cámaras por el lado americano con experiencia de más de 30 años que abonan al comercio binacional a través del T-MEC “para expresar su preocupación por las nuevas leyes en México”, pero el segundo paso es trabajar con cámaras nacionales “para pedirles de manera respetuosa a sus consejos trabajar juntos para prevenir estas leyes que afectarán a muchos de los miembros de sus organizaciones y ayudarnos unos a otros”.

“Se aprobó el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero nos da mucha preocupación viendo estas leyes que se están aprobando en México que están afectando a los empresarios pequeños fronterizos de los dos lados. Estamos a favor de la salud de la gente hispana, es bueno prohibir chatarra en escuelas, pero la salud viene de tener sueldos y negocios buenos”, aseguró vía telefónica el presidente de USHCC. “A largo plazo estas leyes harán más pobre a la gente. De las millones de tiendas minoristas en México en muchas de ellas sus familias dependen de los ingresos del negocio y muchas han cerrado ya por la pandemia, por lo que esto será el segundo golpe fuerte. No estamos a favor de vender más comida chatarra a los menores de edad en México ni en Estados Unidos, pero hemos visto que estas leyes no trabajan”.

Entre los nueve estados que han presentado una iniciativa en el Congreso local contra venta y regalo de chatarra a niños y niñas, la preocupación de la USHCC se enfoca en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya que sus cámaras están establecidas en la frontera de California y Texas, y tienen negocios transfronterizos.

“Van a cerrar muchas empresas pequeñas que dependen de la venta de alimentos y bebidas que puedan hacer negocio con EU y Canadá con el T-MEC. A largo plazo tendrá consecuencias negativas, hará más pobres a las familias y afectará más su nutrición en los dos lados de la frontera”, planteó Cavazos, quien lamentó que con la administración Trump ha bajado un 70 por ciento las ventas transfronterizas en los últimos tres años y medio.

Javier Zúñiga, coordinador legislativo de El Poder del Consumidor, agregó que sería muy complicado que la coalición binacional logre amparos contra estas reformas estatales apelando al T-MEC porque, explicó, se tendría que acreditar cómo prohibir “ciertos” productos a los menores de edad afectan un apartado puntual del tratado, “que dudo se encuentre”.

Información vía: Sin Embargo