La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en torno a presuntos gastos ilegales por más de 400 millones de pesos tomados de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) de Coahuila, durante el Gobierno de Rubén Moreira.

De acuerdo con el diario Reforma, el exsecretario estatal de Finanzas, Ismael Eugenio Ramos Flores, es el principal sospecho del desvío de recursos. También se investiga a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, director general y director de Adquisiciones, respectivamente.

El periodista Abel Barajas precisó que el Fortafin se creó en 2016 y sustituyó al Programa de Contingencias Económicas, con la finalidad de atender las solicitudes de administraciones estatales y municipales. Un año más tarde, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advirtió que el nuevo órgano carecía de reglas y lineamientos de operación y sus beneficiarios.

Tan sólo en 2016, dicho fondo federal ejerció 62 mil 258 millones de pesos, que representan el 53 por ciento del total del Ramo 23, al que pertenecía.

En 2017, Coahuila recibió mil 396. 6 millones de pesos por medio del Fortafin. De éstos, mil 110 millones estaban previstos para el gasto corriente.

CONGRESO PIDE TRANSPARENTAR RECURSOS

El 24 de enero de 2018, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a transparentar los convenios de transferencia de recursos federales a los estados, con un plazo de 15 días.

El órgano legislativo tomó esta medida para evitar que suceda lo mismo como en el caso de Chihuahua, el cual, reclama 700 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y 200 millones del Ramo 23 de Provisiones Salariales.

“Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en un plazo de no mayor a 15 días, informe y haga públicos los convenios de transferencia de recursos a las entidades federativas, por concepto de fortalecimiento financiero durante los años 2015-2017, indicando el estado de su cumplimiento”, suscribió en dicha ocasión.

Éste fue el punto de acuerdo número uno de los 19 turnados a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno de la Comisión permanente de este miércoles.

En las transferencias de recursos a entidades que la SHCP hace en el Ramo 23 y en convenios, al no estar regulados por la Ley de Coordinación Fiscal como los ramos 28 y 33, existe un riesgo de que haya un uso político del dinero, así como actos de corrupción, alertó México Evalúa.

Estos recursos no regulados y discrecionales enviados a Chihuahua bajaron de 2016 a 2017, cuando el Gobernador Javier Corral Jurado sustituyó al hoy prófugo de la justicia César Duarte Jáquez (2010-2016) sobre el que pesan 11 órdenes de aprehensión.

En las estadísticas oportunas de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda muestra que a las entidades federativas, además de participaciones [Ramo 28] y aportaciones [Ramo 33], les envía dinero por otros subsidios, convenios descentralizados, convenios SEP, convenios Sagarpa, convenios Semarnat y convenios de reasignación. En todos hubo una baja en las transferencias a Chihuahua de 2016 hasta noviembre de 2017.

Sólo en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero del Ramo 23, documentó México Evalúa, hasta septiembre de 2017 en promedio los estados recibieron alrededor de mil 23 millones de pesos y el que menos obtuvo fue justamente Chihuahua con 61 millones de pesos. El Estado de México fue el que más recibió con cinco mil 291 millones de pesos.

Información vía: Sin Embargo