La Fiscalía de Chihuahua confirmó que el crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez, entregaba cenizas falsas a familiares de fallecidos, luego de descubrirse el almacenamiento clandestino de 383 cuerpos. El fiscal César Jáuregui Moreno declaró que esta práctica evitaba reclamos por parte de los deudos.

De acuerdo con el funcionario, los cuerpos eran devueltos por las funerarias al crematorio, y en cinco o seis días eran entregadas supuestas cenizas en urnas sin levantar sospechas. El hallazgo se dio a conocer hace seis días, tras una serie de operativos que revelaron las condiciones en que se encontraban los cadáveres.

La fiscalía inició desde ayer reuniones con familiares que utilizaron los servicios del crematorio para solicitarles información que facilite la identificación de los cuerpos, como fotografías, fechas de defunción y datos personales.

La identificación será compleja, explicó el fiscal, debido al daño provocado por procesos químicos aplicados a los cuerpos, lo que impide en muchos casos obtener ADN. Algunos cadáveres estaban embalsamados o presentaban signos de conservación temporal.

Hasta ahora, 15 cuerpos tienen nombres probables gracias a etiquetas hospitalarias o del Seguro Social, y cuatro más presentan rasgos particulares como tatuajes o amputaciones, lo cual podría ayudar a su identificación. Se confirmó que entre los cuerpos había cuatro menores de edad: dos recién nacidos y dos niños cuya identidad ya fue establecida.

En total, se identificaron 218 hombres, 149 mujeres y 16 cuerpos de sexo indeterminado, que requerirán análisis de laboratorio para su clasificación, informó Javier Sánchez, director de Servicios Periciales.

Los dos detenidos por el caso —José Luis Arellano Cuarón, dueño del crematorio, y Facundo Martínez Robledo, empleado— fueron imputados por inhumación clandestina y por delitos establecidos en el Código Federal de Salud, al haber tratado inadecuadamente los cuerpos. Permanecerán en prisión preventiva y su próxima audiencia será el 4 de julio.

El fiscal aseguró que se buscará la pena máxima para los responsables, que podría alcanzar los 17 años de prisión. También se investigarán las acciones u omisiones de autoridades involucradas, así como la posible responsabilidad de las seis funerarias que subcontrataban los servicios del crematorio.

Durante el cateo, los cuerpos fueron hallados en diversas áreas del inmueble, incluidos cuartos, oficinas y otras habitaciones, donde estaban apilados. La fiscalía ya comenzó la elaboración de archivos por cuerpo, incluyendo fotos, tatuajes, cicatrices, tomas dentales y óseas, proceso que podría tardar hasta dos meses.